La tarde de este martes se ha aprobado en el Congreso la toma en consideración del proyecto de Ley de modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria por la que los funcionarios de prisiones tendrán la consideración de agentes de autoridad.
El grupo parlamentario socialista, a través del diputado David Serrada, ha defendido esta propuesta que ha contado con el respaldo de la práctica totalidad de partidos que componen el hemiciclo para conseguir una reivindicación histórica de los empleados públicos penitenciarios fruto de la negociación y del acuerdo.
La modificación del artículo 80 de la LOGP, implica que las agresiones que se produzcan a los funcionarios de prisiones por parte de los internos serán juzgadas como atentado a agente de la autoridad. Además, los partes de los funcionarios tendrán presunción de veracidad salvo prueba en contrario.
Con este cambio, los sindicatos de prisiones esperan que se reduzcan las agresiones que actualmente sufren en los centros penitenciarios los trabajadores, una cada 36 horas. Es importante que el interno no tenga sensación de impunidad ante un acto violento hacia los funcionarios.
Otro aspecto importante que introduce el proyecto de Ley, que hoy inicia su trámite parlamentario, es que la administración se haga cargo de las indemnizaciones a los trabajadores que hayan sido impuestas judicialmente y no hayan sido satisfechas por el condenado, no sometiendo así al funcionario a una doble agresión, la física en primer lugar y la económica en segundo.
El tercer punto aborda la ampliación de la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento.
Desde ACAIP-UGT valoran positivamente que el grupo que sustenta el gobierno haya dado este paso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios, pero queda mucho por hacer. “Es imprescindible que se retome la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria que modernice una legislación preconstitucional. Además, debe acometerse la mejora retributiva de los empleados públicos penitenciarios con la reclasificación de centros penitenciarios y generar una oferta de empleo público suficiente para paliar el déficit de más de 3000 efectivos, junto a una formación adecuada y universal, y los medios materiales adecuados a nuestras funciones. Todo ello para afrontar con garantías el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación en una sociedad cambiante a la que debe adaptarse el sistema penitenciario”, manifiestan.
También desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), han valorado positivamente la tramitación en el Congreso de los Diputados de esta iniciativa, pero no olvidan que es solo una parte de su lucha, una parte de los derechos que consideran “deben y tienen que recuperar”. Inciden en que tan importantes son las mejoras legislativas como las mejoras salariales que reconozcan y valoren adecuadamente su profesión y que les permitan a los profesionales mantener dignamente a sus familias, “a igual trabajo igual salario”.
“Se VOTA la PL de @gpscongreso para modificar el Art 80 de LOGP y reconocer como AGENTES DE AUTORIDAD a los Funcionarios de Prisiones SOLO un PASO en nuestras Demandas, no pararemos hasta SECTORIZACIÓN GRACIAS al gran trabajo de los compañeros”, manifestaban desde Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) a través de su cuenta oficial en Twitter.
