CSIF, sindicato mayoritario de la función pública, y que representa ante la mesa de la función pública a otros sindicatos y asociaciones profesionales de funcionarios como JUPOL y JUCIL no ha rubricado la subida del 7,5% repartido entre 2022 y 2024 porque “los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 20%″. Un acuerdo que si han firmado los sindicatos CCOO y UGT pese al descontento del colectivo con la oferta del Gobierno.
“Supone un desprecio a la labor de los empleados públicos”
Esas son las duras palabras de CSIF: “El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia”.
La oferta presentada por el Gobierno
Una subida del 7,5% repartido entre 2022 y 2024, que se elevaría hasta el el 9,5% si se suma el 2% que los sueldos públicos ya han subido este año.
El desglose de ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio.
Para 2023, el Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, que contemplan un 0,5% vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%.
Para 2024, los funcionarios recibirían una subida del 2%, fija, más un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.
Unas variables que serían improbables conseguir, y es que esta parte depende de que el IPC acumulado de 2022 y 2023 superase el 6%, y de que el crecimiento del PIB nominal llegue al 5,9% en 2023, algo que CSIF considera poco probable. “En el mejor de los casos, los empleados públicos obtendrían una actualización del 7,5% en tres años y no del 9,5% como asegura el Gobierno pretendiendo sumar los dos puntos que ya se subieron a principios de año y que ya están amortizados por la evolución de los precios”.
Esta subida a tres años no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de este año, y en 2022 se volvería a perder poder adquisitivo que calculan en un 5,5 puntos, un hecho que la mayoría del colectivo considera imperdonable al considerase una vez más maltratado por un Gobierno que no los equipara con las administraciones autonómicas tanto en emolumentos como en edad de jubilación en profesiones tan castigadas como son las de agentes de policía o funcionarios de prisiones, por lo que ya anuncian que volverán a las calles a reclamar lo que consideran es de justicia, “no perder más poder adquisitivo”.
