El Plan de recuperación de la UE es positivo pero insuficiente.
Es el momento de más Europa, con más inversiones y un fortalecimiento del contrato social.
UGT reclama una serie de actuaciones en relación a la política monetaria y financiera, a la fiscal, a la industrial, y a la regulación labora a nivel europeo.
La Unión General de Trabajadores valora el acuerdo para impulsar el plan de reconstrucción de la Unión Europea, aunque lo considera insuficiente. Es un acuerdo que, por significativo y meritorio que sea, aún no es adecuado a lo que se planteaba y lo que se necesita para salir de la crisis provocada por el coronavirus. En cualquier caso, el sindicato reclama que los fondos provenientes de Europa sirvan para la reconstrucción económica y social de nuestro país, fortaleciendo los sistemas de protección social, además de todo el tejido productivo, sin dejar a nadie atrás.
Así se recoge en el informe “La respuesta europea a la crisis del coronavirus”, elaborado por UGT, donde se señala que la crisis pandémica está poniendo a prueba la capacidad de los sistemas económicos, la resiliencia de las sociedades e incluso la solidez de las democracias a lo largo y ancho del mundo. Hasta que no se tenga una vacuna operativa y efectiva, la incertidumbre sobre hipotéticos rebrotes y el efecto que causarán las medidas necesarias para combatirlos no permiten prever la extensión y duración de la crisis. Además, esta crisis sobreviene sin que la recuperación de la anterior se haya completado realmente.
Para el sindicato, el Consejo de la Unión Europea ha ejercido de obstáculo permanente a la hora de alcanzar un consenso. Esta institución, donde la defensa de las perspectivas nacionales puede tener mucho peso, fue la que impidió un progreso más rápido. Dentro de la misma, se produjo un visible cambio de alineamiento de Alemania respecto a la crisis de 2009. Al hacer visible un acuerdo con Francia respaldando un “fondo ambicioso”, permitió a la Comisión progresar en sus propuestas, llevándolas hasta un nivel mucho más elevado de impulso.
No obstante, la pervivencia del mecanismo de unanimidad en el Consejo para temas fiscales, y la existencia de un grupo de países opuestos a algunos aspectos del acuerdo general, propició que el acuerdo final tuviera que ser recortado y modificado en contra de los intereses españoles. Como consecuencia, el resultado final, aunque mejor que lo que auguraban los primeros momentos, es peor (menos impulso fiscal, menos armonización fiscal, más perjudicial para la situación española) de lo que los países que representan a una inmensa mayoría de la población de la UE estaban dispuestos a acordar.
Es el momento de más Europa
El consenso de los grandes organismos multilaterales –salvo, por el momento el de la Comisión Europea- es que van a necesitarse ingentes recursos fiscales para atajar la crisis de la COVID en años venideros. La OCDE no tiene inconveniente en expresar que la austeridad ha pasado a mejor vida. El FMI, algo más comedido, aboga por reivindicar el gasto social y recomendar expansiones fiscales. Van a crecer los déficits y, en consecuencia, van a crecer, a niveles históricamente altos, los volúmenes de endeudamiento público. Y la inflación se encuentra en niveles históricamente bajos desde hace años, incluso bordeando a menudo la deflación.
Además, UGT recuerda que previamente a la crisis de la COVID ya se había detectado la necesidad de actuar para reconducir a las economías europeas hacia una senda de sostenibilidad medioambiental, a lo que se suman las consecuencias de la transición digital. A ello se añade reparar las consecuencias sociales que en términos de desigualdad y de riesgo para las democracias dejó la gran crisis que empezó en 2009.
Es un escenario que presagia ingentes necesidades de inversión a varios niveles, también de políticas redistributivas y fortalecimiento de un contrato social inherente al funcionamiento de los estados democráticos que, especialmente a raíz de la anterior crisis, quedó significativamente maltrecho.
A ello, la UE se enfrenta con unas reglas de gobernanza económica que ha tenido que suspender, porque de lo contrario abocaban al desastre, pero que, si no se modifican, seguirán vigentes. Son unas reglas que prescriben sendas de ajuste fiscal hasta que las ratios de endeudamiento se sitúen en el 60% del PIB. En Francia, Italia, España y Bélgica se prevé que ascienda muy por encima del 100%, mientras incluso en Alemania se estima que se sitúe por encima del 70%. Dada la situación, la aplicación de la gobernanza fiscal en vigor supone, para el sindicato, un despropósito.
Propuestas de UGT
Ante esta situación, UGT considera que la Unión Europea debe llevar a cabo una serie de reformas que conduzcan a una Europa comprometida con los valores que presidieron su fundación: estados democráticos que garantizan los derechos de sus ciudadanos, prósperos y socialmente justos, que armonicen el desarrollo económico con la sostenibilidad medioambiental, proporcionando un futuro ilusionante y esperanzador para todos sus ciudadanos.
Reformas en relación a Política monetaria y financiera
- Completar la Unión Bancaria con un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo.
- El BCE debe modificar y reequilibrar su mandato, cambiando los Tratados si fuera preciso. El abanico de las nuevas capacidades abarca desde el replanteamiento de la centralidad de la inflación anual, como ha hecho la Fed recientemente, a la inclusión de nuevos objetivos como el pleno empleo y la transición hacia la sostenibilidad medioambiental.
Política fiscal y gobernanza económica
- Reequilibrar los mecanismos de gobernanza para que todos los desequilibrios excesivos requieran toma de medidas, y no solo aquellos que conducen a políticas contractivas o de compresión salarial. Por ejemplo, hacerlo cuando los superávits comerciales de los países miembro superen un determinado porcentaje del PIB.
- Redefinir la gobernanza europea, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para evitar sus efectos pro-cíclicos actuales, reorientándola hacia la promoción de la convergencia entre países y regiones, e incorporando los objetivos de sostenibilidad medioambiental, reducción desigualdad, de la pobreza y otros estándares sociales para definir la posición fiscal aceptable para cada país.
- Crear un seguro de desempleo y una renta mínima garantizada a nivel europeo que actúen como estabilizadores automáticos.
- Establecer un tesoro europeo, o una situación asimilable permanente que permita emitir deuda respaldada por el presupuesto comunitario.
- Establecer que las decisiones en materia fiscal se adopten por mayoría simple en la UE.
- Fijar un impuesto mínimo para las grandes corporaciones a nivel comunitario del 15% sobre su resultado contable con el fin de evitar la elusión fiscal y la presencia de paraísos fiscales dentro de la unión.
- Hacer que las empresas digitales contribuyan de manera justa al sostenimiento de las sociedades que les permiten su actividad.
- Introducir impuestos paneuropeos para financiar el presupuesto comunitario y fijar que éstos solo puedan establecerse sobre la renta y/o el patrimonio, y tengan carácter progresivo.
Política industrial y de reequilibrio regional
- Diseñar una política industrial europea que atienda a la existencia de competencia desleal por parte de grandes corporaciones extranjeras; que reposiciones a la UE de manera favorable dentro de las cadenas de valor internacionales y que también tenga en cuenta los desequilibrios regionales dentro de la propia UE.
Regulación laboral
Europa debe atajar el incremento de la desigualdad y los efectos empobrecedores de la transición medioambiental y digital:
- Debe revertirse la proliferación de las relaciones laborales precarias existentes y descartarse la creación de otras nuevas que profundicen esa tendencia.
- El uso y acceso de a recursos europeos debe aparejarse al fomento de las relaciones laborales justas, que garanticen los derechos de los trabajadores, les proporcionen rendimientos salariales y redunden en ingresos para el sostén de las políticas redistributivas que caracterizan a los estados del bienestar.
- Debe dotarse de un marco institucional que favorezca los puntos anteriormente mencionados, garantizando el cumplimiento de la Carta Social Europea, y el Pilar Europeo de Derechos sociales. Entre otros debe potenciarse la existencia de salarios mínimos justos, la extensión de la negociación colectiva sectorial y la garantía de los derechos sindicales.
