Entre los siglos XVI al XVII y de forma paralela a su imparable ascenso como potencia internacional, España vivió un periodo de esplendor cultural popularmente conocido como “Siglo de Oro” durante el cual escritores como Quevedo, Cervantes y Lope de Vega, pensadores como Bartolomé de las Casas y Luis Vives o pintores como Velázquez hicieron de España uno de los más grandes escenarios intelectuales de todos los tiempos.
Por otro lado, la expansión imperial española generó un notable impulso económico para ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Especialmente para la primera, elegida por Felipe II como sede de su Corte en 1561. Este hecho convirtió a la por entonces modesta y apacible villa castellana, de apenas veinte mil habitantes, en todo un bullicioso centro administrativo, económico y social que tendría, apenas treinta años después, el cuádruple de habitantes. Inevitablemente, tal crecimiento demográfico generó numerosas necesidades para la nueva ciudad cortesana, entre las que por supuesto la seguridad de las gentes sería primordial. Madrid se pobló de tabernas, posadas y negocios de todo tipo, adquiriendo entonces ese carácter cosmopolita que tanto caracteriza hoy a esta bella ciudad.
El Madrid de los Austrias podía ser -y de hecho, era- tan atractivo, deslumbrante y castizo como peligroso y oscuro. Entre finales del XVI y principios del XVII, los niveles de delincuencia se hicieron inasumibles, y tanto Felipe II como sus sucesores posteriormente no podían permitir que ello desluciese la reputación de una ciudad que se estaba convirtiendo en uno de los símbolos del poder imperial español ante el mundo. Así, en apenas unas décadas, la institución judicial madrileña conocida como Sala de Alcaldes de Casa y Corte desplegó todo un sistema de vigilancia urbana compuesto por dos tipos de funcionarios: los alcaldes y los alguaciles. Los primeros eran una autoridad judicial encargada de la supervisión de las rondas que efectuaban los alguaciles, verdaderos encargados de la función policial tal y como la entendemos hoy.
Los alguaciles estaban a las órdenes de los alcaldes en sus funciones de prevención y persecución del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Eran, por tanto, un antecedente histórico indiscutible del concepto de policía judicial que hoy en día tienen todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestro país. Los alguaciles salían a rondar la ciudad tanto de día como de noche, aunque era en las horas nocturnas cuando más se reforzaba su servicio.
Entre sus funciones, cabe destacar el control de las hospederías y tabernas, así como los lugares públicos de reunión más sensibles de la ciudad como plazas o mercados. Los alguaciles se distinguían con una uniformidad muy al uso de la época conocida como traje de “golilla”: capa española negra, sobrero de ala, calzones y chalecos negros, y un curioso cuello almidonado de color blanco que realzaba la tez, visible en muchos cuadros de la época o autorretratos como los del Greco o Velázquez. No obstante, y siempre con la autorización de su alcalde respectivo, los alguaciles destinados en cada barrio de Madrid podían prestar servicio de vigilancia de paisano, siempre y cuando factores como la peligrosidad de alguna misión o el factor sorpresa a la hora de atrapar algún delincuente así lo demandasen.
Para hacer frente a los peligros de la noche madrileña, que no eran pocos, los alguaciles tenían derecho al porte de armas tales como puñales y espadas, en un momento en que las armas de fuego cortas comenzaban a hacer acto de presencia en una sociedad cada vez más violenta.
Sin embargo, los alguaciles no siempre fueron todo lo eficaces que cabría esperar de ellos. Tan sólo era necesario el pago de una tasa para acceder al cargo de alguacil, un cargo de carácter temporal y no profesional que no estaba muy bien retribuido. Estos factores motivaron que, en muchas ocasiones, los alguaciles se aprovechasen de su estatus personal y legal para cometer abusos, como extorsionar a delincuentes para hacer la vista gorda o imponer multas desproporcionadas para quedarse una parte del pago.
Algunos literatos destacados de la época llegaron a denunciar esta situación en sus novelas “picarescas”, inspiradas muchas de ellas en los bajos fondos madrileños. Quevedo, que llegó a titular una de sus novelas picarescas con el elocuente título de El Alguacil Endemoniado (1627) decía: “¿Quién podrá negar que demonios y alguaciles no tenemos un mismo oficio, pues bien mirado nosotros procuramos condenar y los alguaciles también; nosotros que haya vicios y pecados en el mundo, y los alguaciles lo desean y procuran con más ahínco, porque ellos lo han menester para su sustento y nosotros para nuestra compañía. Y es mucho más de culpar este oficio en los alguaciles que en nosotros, pues ellos hacen mal a hombres como ellos y a los de su género, y nosotros no, que somos ángeles, aunque sin gracia.”
Sin embargo, otros autores como Cervantes rompían una lanza en favor de aquellos que desempeñaban su oficio con rectitud, a quienes dedicó estas palabras en su obra El Coloquio de los Perros (1613): “Ni todos los alguaciles se conciertan con los vagamundos y fulleros, ni tienen todas las amigas de tu amo para sus embustes. Muchos y muy muchos hay hidalgos por naturaleza y de hidalgas condiciones; muchos no son arrojados, insolentes, ni mal criados, ni raseros, como los que andan por los mesones midiendo las espadas a los extranjeros, y, hallándolas un pelo más de la marca, destruyen a sus dueños. Sí, que no todos como prenden sueltan, y son jueces y abogados cuando quieren.”
Sea como fuere, lo cierto es que los alguaciles desplegaron una actividad frenética contra la delincuencia a lo largo de todo el Siglo de Oro y más allá, hasta que la militarización de las fuerzas de orden público por parte de la dinastía de los Borbones desplazó su protagonismo en la escena de la seguridad. Finalmente, las vicisitudes de su ejercicio desvelaron una realidad incuestionable: que la formación y la profesionalidad deben ser, como son hoy, el principio básico inspirador de la función policial.
