ACAIP-UGT denuncia que en la última Relación de Puestos de Trabajo del Centro Penitenciario de Valencia publicada el 7 de diciembre de 2020 establece que en el centro debería haber 20 Facultativos (anteriormente señalaba que debería haber 23). Sin embargo, se está muy lejos de alcanzar esa cifra, ya que en la actualidad solamente hay 5 médicos, una de las cuales lleva más de 2 años en período de prácticas.
Esa cifra hace muy difícil cubrir un servicio las 24 horas, los 365 días del año, y cuando se produce alguna situación como enfermedades, vacaciones… es ya de todo punto imposible.
Por ello, el pasado 18 de diciembre se emitió una nota por la Subdirección Médica del centro ordenando la suspensión de las consultas médicas en los diferentes módulos del centro hasta el día 11 de enero de 2021.
Hasta esa fecha los internos serán solamente atendidos como “urgencias”. Ante la falta de médico, tendrán que realizar el triaje de que es o no una urgencia los funcionarios de vigilancia (los que están en contacto directo con los internos), aunque no tengan ningún conocimiento o capacitación en materia sanitaria que les permita esa valoración, por lo que pueden llegar a incurrir en algún tipo de responsabilidad penal en caso de que algún interno no sea atendido y luego su estado de salud presente complicaciones.
En la actualidad el Centro Penitenciario de Valencia alberga casi 2000 internos con una tipología de población que presenta grandes necesidades de atención sanitaria dentro de una estructura arquitectónica que supone que para desplazarse de un extremo a otro de cada una de las dos unidades del centro se necesiten más de 20 minutos.
Así, en la enfermería del centro hay casi 150 internos ingresados muchos de ellos diagnosticados de enfermedades psiquiátricas (psicosis graves, depresiones, tendencias suicidas) o enfermedades crónicas (diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares, demencias, neurodegenerativas, hepatologías…) así como también pacientes con SIDA. Es decir, se concentra en el centro una gran cantidad de internos que precisan una atención sanitaria continua y especializada.
En estos momentos de crisis sanitaria provocada por el coronavirus, esta falta de personal médico supone un grave riesgo para la salud de los internos, pero también para la de los trabajadores, y por extensión la de sus familias. Es imposible cumplir de forma adecuada
los protocolos existentes en esta materia.
Esta situación, además, tiene otras implicaciones que van más allá del ámbito sanitario y que afectan también a la seguridad del centro a la hora de la atención sanitaria recibida por esos internos con patologías psiquiátricas (se estima que en torno a un 40% del total) que son uno los grupos de población que más incidentes y altercados provoca (especialmente agresiones a trabajadores u otros internos), ya que es imposible llevar a cabo un control adecuado de su estado.
Pese a esa falta de médicos en el centro penitenciario, Instituciones Penitenciarias ha excluido a la prisión de Valencia de las últimas convocatorias para la contratación de personal interino, y tampoco ha ofertado plazas en el último concurso de traslados.
Respecto al resto del personal sanitario, según la misma Relación de Puestos de Trabajo en el centro debería haber 23 enfermeros, pero hay 17. En este caso el déficit es “sólo” del 26%.
En el caso de los Auxiliares de Enfermería sobre las 19 plazas que debería haber hay cubiertas 15, estando vacantes por tanto el 21% de las mismas.
Los responsables de Instituciones Penitenciarias llevan años dejando morir de forma intencionada la Sanidad en las prisiones, primero reduciendo el número de efectivos en los centros, después no cubriendo las vacantes que se han ido produciendo, incumpliendo los plazos del traspaso de la misma desde el Ministerio del Interior a las distintas Comunidades Autónomas (que deberían haberse completado antes del año 2005).
Por ello en su momento ACAIP-UGT interpuso una denuncia penal contra los responsables de Instituciones Penitenciarias por la situación provocada por esa falta de médicos en el centro. Esa denuncia fue archivada en primera instancia por el Juzgado de Picassent, habiéndose recurrido su archivo para que resuelva la Audiencia Provincial de Valencia.
