Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid, en una operación conjunta, han liberado a 61 inmigrantes que vivían en condiciones infrahumanas hacinados en sótanos y varios trasteros ubicados en los distritos madrileños de Carabanchel y Vallecas.
Los seis responsables del grupo delictivo han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y contra la salud pública.
Entre los extranjeros liberados se encontraban familias con menores, un bebé de pocos meses y una mujer embarazada. Los trasteros, de una superficie de unos nueve metros cuadrados y sin ninguna ventilación, eran empleados como viviendas compartidas por tres o cuatro personas que pagaban de alquiler unos 250 euros al mes sin ningún tipo de contrato.
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La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un número importante de personas residía en un sótano de un inmueble, en lugares que no reunían las mínimas condiciones de habitabilidad. Tras comprobar estos hechos, y entrevistarse con algunas de esas personas, se iniciaron gestiones para verificar si estos pudieran ser víctimas de inmigración ilegal.
Para ello se estableció un dispositivo a fin de realizar dos inspecciones, localizando un total de 23 trasteros divididos por paneles de pladur con puertas y con zonas comunes para todos, dos cocinas y dos baños para compartir. El lugar no cumplía con las mínimas condiciones de seguridad ni higiénico sanitarias, sin contar además con salida de emergencia o dispositivos contra incendios.
Los agentes comprobaron también que en el interior de los establecimientos había gran acumulación de basura y material de obra para, supuestamente, realizar nuevos alojamientos por parte de su propietario.
Los inquilinos dormían en colchones recogidos de la basura y eran controlados por un sistema de videocámaras
Constataron que el encargado de la explotación de los habitáculos recogía a los inquilinos en lugares donde se suelen encontrar ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional, ofreciéndoles habitación a un precio muy bajo. Una vez instalados en los trasteros procedía a pedirles más dinero bajo coacciones y amenazas, incluso con agresiones físicas si el pago se demoraba.
Las habitaciones se encontraban en un sótano húmedo, sin ventanas ni ventilación en los que, por testimonios de sus habitantes, había ratas, cucarachas y chinches. Contaban únicamente con un baño por cada diez habitaciones y dos cocinas para todos, donde se les permitía cocinar por turnos sólo una vez al día y, además, dormían en colchones que habían sido recogidos de la basura. Todos ellos eran vigilados por un sistema de cámaras que controlaba la entrada a los habitáculos, y que eran manejadas remotamente con el móvil de uno de los arrestados.
