El compromiso con la transparencia del Gobierno de España es nulo, y lo afirmo sin dudas ni reservas. La regeneración, la transparencia, la limpieza democrática y la ausencia de corrupción son palabras vacías que se incluyen en todos los programas electorales, pero que, a la hora de aplicarlos, desaparecen.
Cuando las autoridades encargadas del orden permiten y hasta ejecutan ilegalidades, las únicas opciones que quedan a los administrados son o bien la de sumarnos a la ilegalidad o bien establecer patrullas ciudadanas para administrar justicia popular. Esto último ha sucedido con el “masterfake” de la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz y las “Hormiguitas” que la investigan.
El mirlo blanco podemita, así pretende ser vista Yolanda, amén de varios asuntos turbios anteriores a su desembarco en el ejecutivo Sanchista, ha tenido un espinoso asunto con la cada vez menos presunta falsificación de tres títulos universitarios.
Hace cuestión de dos meses un periodista llamado Carles Enric y gran parte de sus seguidores comenzaron a investigar sobre la formación que muchos políticos declararon en sus perfiles profesionales. Pronto encontraron unos datos que, debido a la ausencia de información provocaba sospechas de falsedad. Yolanda Díaz, Vicepresidenta, declaraba en webs oficiales tres másteres sin fechas ni Universidades que sustentaran esa formación. Ante el proceso de investigación emprendido por la patrulla ciudadana de las “hormiguitas”, yo mismo decidí a mediados de mayo presentar una pregunta parlamentaria para que la propia Yolanda tuviera en su mano justificar dicha formación.
En vez de contestar, lo que sucedió después fue muy llamativo: los másteres de Yolanda desaparecieron de las webs conde estaban, demostrando así de facto que la misma había mentido en documentos oficiales que se publicaron en webs accesibles para todos los ciudadanos. Jurídicamente hablando, esto supone una manifiesta ilegalidad que supondría en cualquier país serio la dimisión de la Vicepresidenta o su cese inmediato por parte del Presidente de la Nación.
En España estamos acostumbrados a tener Ministros reprobados sin que ello suponga atisbo alguno de responsabilidad por parte de los infractores, de hecho hay escaños en nuestra Cámara Baja ocupados por condenados judicialmente por delitos, y no nos escandaliza. En Japón el Congreso estaría lleno de dedos de infractores, pero en España usamos el odioso término “Ministro reprobado, Ministro confirmado”. Para hacérnoslo ver…
Me siento orgulloso de formar parte de esa patrulla ciudadana llamada “hormiguitas” que lo único que pretende es que la verdad aflore, caiga quien caiga.
