El año electoral empieza muy mal, como dicen las encuestas España va en la mala dirección. Mientras el ex presidente andaluz Griñán al parecer no va a ingresar en prisión por un cáncer sobrevenido, Zaplana, expresidente valenciano, ingresó en prisión a pesar de padecer una leucemia, o sea, otro cáncer. De confirmarse conllevaría la infracción del principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de nuestra constitución. La pertenencia a uno u otro partido político no puede ser motivo de aplicar la ley de una u otra manera, cuando la enfermedad es la que debe ser realmente considerada.

No obstante, esto es “peccata minuta” cuando la que nos viene encima es la convocatoria de distintos referéndums, aunque lo disfracen de procedimientos consultivos. Sí, varios. ERC le ha dicho al presidente Sánchez que si no admitía un referéndum de autodeterminación en Cataluña perdería su apoyo, es decir, no podría seguir sentado en la poltrona gubernativa. Asimismo, Unidas Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco, que reclame ante las Cortes Generales un referéndum para sustituir la Monarquía por la República. Después, vendrá la convocatoria del Gobierno vasco de un nuevo referéndum de autodeterminación en similares circunstancias que en Cataluña. Todo ello sin respetar lo establecido en la CE aprobada abrumadoramente por todos los españoles, que conlleva la indisoluble unidad de la Nación española y, su forma política, la Monarquía parlamentaria.

Como he dicho en otras ocasiones, nuestra Constitución, al contrario de otras de nuestro entorno europeo, permite reformarla hasta en su forma política, pero respetando el proceso en ella establecido, regulado en su art. 168, que deberá ser aprobada por mayorías de dos tercios del Congreso y Senado, además de someterla a referéndum de todo el pueblo español. En este sentido, lo más grave y preocupante, son las recientes manifestaciones de dos magistradas del Tribunal Constitucional, pertenecientes al ser sector llamado progresista.

Así, María Luisa Balaguer, posible candidata a presidir el tribunal de garantías constitucionales, se ha pronunciado a favor de poder recomendar al legislador otra norma, siendo “muy partidaria de una Derecho constructivista”, defendiendo que los miembros del TC deben ser capaces de “incluso superar la ley”. Y, María Luisa Segoviano, nueva magistrada, señaló que el derecho de autodeterminación “es un tema complejo”, pero habría que “estudiarlo”. Es como si la nueva mayoría “progresista” estuviera ya preparando el camino para la autodeterminación en Cataluña y País Vasco, superando la ley de leyes que es la Constitución, sin respetar la voluntad mayoritaria y soberana de todos los españoles. Precisamente, nuestro rey Felipe VI ha dicho: “Los españoles en su conjunto son los que deben decidir el destino de la nación”.

A tal respecto, el jurista Juan José López Burniol, hace unos días en una entrevista en el Diario El Mundo, decía “Es suicida para España que sean partidos que aspiran a desmontar su democracia los que decidan sus gobiernos”. Incluso, Manuel Aragón, exmagistrado del TC, propuesto por el gobierno de Zapatero, ha dicho: “La autodeterminación no cabe en una Constitución democrática”. Por lo antedicho ha sido más que oportuno que Feijóo asumiera que “Hay que tipificar el referéndum ilegal”. Hay que ser firme como una torre en la defensa de la legalidad democrática, cuyo faro es nuestra Constitución, y los que incumplen la ley deben sufrir las consecuencias.

Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado