La Unión Federal de Policía (UFP) denuncia con firmeza el anuncio de la Consejera de Interior de Cataluña indicando que se va a producir la transferencia a los Mossos d’Esquadra de la seguridad en puertos y aeropuertos a partir de septiembre. “Esta decisión, política y peligrosa, debilita el control de nuestras fronteras y ataca directamente la unidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, manifiestan.
Desde el sindicato policial anuncian que el traspaso no responde a criterios técnicos ni operativos, sino a concesiones políticas a cambio de apoyo parlamentario. se preguntan: “¿El precio? El arrinconamiento y ninguneo de las FCSE en Cataluña, una vez más”.
Para UFP las decisiones que buscan la desafección y el desapego hacia la Policía Nacional en un territorio en el que es desprovista cada vez más de sus competencias legítimas.
En un comunicado afirman que es tal el mercadeo político con las competencias de la Policía Nacional y Guardia Civil que hasta la propia Consejera ha reconocido que en la actualidad los Mossos “no tienen capacidad para asumir más competencias”.
La organización sindical insiste que puertos y aeropuertos son puertas de entrada para tráfico de drogas, terrorismo y crimen organizado y que Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con décadas de experiencia y coordinación internacional en estos entornos, algo de lo que los Mossos carecen.
“Ceder esta competencia, o incluso compartirla abre la posibilidad a que un cuerpo autonómico controle la entrada a todo el territorio nacional, algo que sin duda, es la intención de la Generalitat de Cataluña”, manifiestan.
“No nos engañemos, la competencia compartida es el paso previo a un plan. Un plan que sin la menor duda pasa por sacar a la Policía Nacional y la Guardia Civil de estas infraestructuras, abriendo nuevas posibilidades para solicitar nuevas competencias que terminen de EXPULSAR a los operadores de seguridad NACIONALES del territorio”, afirman.
Los representantes de los agentes precisan que el control de fronteras no es un asunto autonómico, sino de seguridad nacional. “No podemos permitir que se fragmenten las competencias en puertos y aeropuertos, creando unidades de seguridad de primera y de segunda según el territorio”, indican.
Desde la Unión Federal de Policía, exigen al Gobierno que rectifique y garantice la continuidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la vigilancia de estas infraestructuras estratégicas.
“No se puede jugar con la seguridad de un país para pagar favores políticos. Cada cesión basada en intereses partidistas debilita nuestras instituciones y pone en riesgo la protección de todos los ciudadanos. La seguridad no es moneda de cambio ni un capricho autonómico, sino un pilar fundamental del Estado”, sentencian.
