La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha denunciado, en un comunicado, que la Junta de Andalucía considera que las agresiones a los docentes son “especificidades y riesgos inherentes a la profesión”.
Estos son los argumentos que la asesoría jurídica de la Consejería de Educación esgrimieron en sede judicial para eludir el pago de una indemnización, como reponsables civiles subsidiarios tras la agresión de un menor inmigrante a un docente.
Tanto el agresor como sus representantes legales se habían declarado insolventes tras ser condenados a pagar 1580.48 euros por un delito de amenazas graves y otros de lesiones . Él profesor fuentes golpeado con una grapadora en la cabeza.
La APIA exige la inmediata dimisión de la letrada de la Junta de Andalucía y jefa de la asesoría jurídica de la Consejería de Educación, Doña Sonia Gaya Sánchez.
Los representantes del colectivo docente se muestran preocupados: “estas conclusiones abren la puerta a que la posibilidad de que se nos insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos empuje escaleras abajo sean considerados riesgos inherentes a nuestra profesión que tenemos la obligación de asumir”.
Tras la última modificación del Código Penal (art.550), la agresiones contra los funcionarios docentes han sido elevadas a la categoría de atentado.
“Son actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas” y “que serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años…“
