La vivienda social se encuentra respaldada claramente por el derecho internacional, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho de toda persona a una vivienda, utilizando el máximo de recursos para garantizar el acceso a la misma a las personas más vulnerables. Concretamente en Europa, el artículo 31 de La Carta Social Europea establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda de una calidad suficiente, haciendo asequible el precio de las mismas a las personas que no dispongan de recursos suficientes. También la Carta de Derechos Fundamentales de la UE lo reconoce con la finalidad de combatir la exclusión social y la pobreza.
Aquí, en España, nuestra Constitución en su artículo 47 protege el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obligando a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de dicho derecho. Sin embargo, España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
España cuenta con un parque de vivienda social que representa menos del 2% del total de las construcciones de viviendas, mientras que en países de nuestro entorno de la UE superan la media del 15% de viviendas sociales. Según datos de Amnistía Internacional, desde 2016, la vivienda en alquiler ha subido más de un 41%. Y el 37% de la población que vive en una vivienda de alquiler, dedica a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos. La edad media de personas que alquilan una vivienda compartida ha subido hasta los 36 años. Una de cada tres personas jóvenes está expuesta a la pobreza y exclusión. Sólo el 15,6% de los jóvenes se emancipa y la única alternativa viable para cada uno de cada tres jóvenes es el alquiler compartido.
Con este panorama desolador, siendo la falta de vivienda social uno de los grandes problemas del país, Sánchez y su Gobierno van a aprobar un proyecto de Ley de Vivienda que es puro populismo electoralista inmobiliario con la finalidad de darle vuelta a las encuestas, que va a provocar una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, aumento de demanda y subida de precios, es decir, lo contrario de lo que necesitamos, una desfachatez impulsada por un iluminado y un gobierno chapucero, una nueva Ley del “sólo sí es sí”, que además puede ser inconstitucional. Después de prometer 100.000 viviendas para esta legislatura de las que nada se sabe, ahora Sánchez “el Salvador” que ya prometió el oro con el Plan Renace para la isla de La Palma, asolada por el volcán de Tajogaite en 2021, y sus perjudicados han recibido los restos de las cenizas, ofrece 50.000 pisos en alquiler a precios asequibles del Sareb, el banco malo, que ni siquiera llegan a 30.000 (14.000 ya habitados y 15.000 ni siquiera construidos), además de encontrarse muchos de ellos en zonas aisladas, sin servicios y en pésimas condiciones de habitabilidad.
Pero, veamos, Sánchez, que con el apoyo de sus socios nacionalistas, proetarras, ERC y Bildu, y el resto de su corte parlamentaria, incluidos los golpistas, aprobara un nueva Ley de la Vivienda, que entre otras cuestiones, rebaja la categoría de los grandes propietarios de viviendas de diez inmuebles a cinco; interviene y topa los precios del alquiler ahora también a los pequeños propietarios (2% para este años y 3% para el próximo), crea las zonas tensionadas independientemente que el propietario sea un pequeño o gran tenedor y un largo etcétera, mientras la vivienda social es una vendetta electoral, una entelequia. Como dice Sergio Nasarre, director de la cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili “Es un error gravísimo la intervención de precios que plantea la norma, porque no ha funcionado nunca en ningún país y no lo hará aquí tampoco”. No ha funcionado en Barcelona, Paris, Berlín, donde el efecto ha sido el contrario, una subida considerable de precios del alquiler al disminuirse la oferta, en la Ciudad Condal un 17%.
Una mayor seguridad jurídica para los propietarios e incentivos fiscales serían medidas que contribuirían a un aumento de la oferta de viviendas, que unida a una regulación de la ocupación ilegal, a la que ni siquiera se hace mención, provocaría una considerable aumento de la ofertad de viviendas en alquiler y una rebaja considerable de los actuales precios, que con el aumento de la vivienda social ayudaría a paliar este grave problema. Lo contrario supondrá que cada vez habrá más gente que se quede fuera del mercado.
Aunque ya me recojo, el aumento de las viviendas sociales en propiedad y alquiler con sus necesarios requisitos (mayor de edad, estar inscrito en los registros correspondientes, domicilio habitual y permanente, no ser propietarios de otra vivienda, no superar un límite de rentas establecido, precio limitado, sin libertad de disposición y otros), es imprescindible para tratar de evitar la exclusión social y la pobreza.
Autor: Manuel NOVÁS CAAMAÑO | Abogado
