Los ministros de Interior de la Unión Europea han aprobado este jueves un polémico sistema con el objetivo de dispersar por todo el territorio europeo a los migrantes llegados de manera irregular a los países socios.
De esta forma, la Unión Europea persigue aminorar la presión de los flujos migratorios en determinados países con mayor problemática en materia de extranjería y evitar zonas tensionadas por la acumulación de personas que entran ilegalmente saltándose los conductos reglamentarios ya sea por sus propios medios o por colaboración de las redes delincuenciales. Al margen del grave problema humanitario, el objetivo prioritario para los socios de la unión es cerrar el Pacto sobre Migración y Asilo antes de las próximas elecciones europeas, en junio del próximo año.
El punto clave de la negociación pasa por aprobar cuotas obligatorias de reubicación apodado “mecanismo de solidaridad flexible”. La vía no es otra que obligar a los países con menos problemática a acoger en su territorio a migrantes cuando uno de los socios se vea desbordado, ya sea reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas.
Sin embargo, se da opción a quebrantar este acuerdo previo pago. La fórmula acordada establece una reubicación de un mínimo de 30.000 migrantes cada año y una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales a la reserva de solidaridad de aquellos gobiernos que no acepten dar asilo a la parte que les corresponda. Todo ello, se traduce en la práctica a permitir pagar una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado.
En el año 2021, Alemania albergaba cerca del 18% del total de población extranjera de la Unión Europea. Francia, Italia y España siguieron con aproximadamente, 14,6%, 12,8% y 10,3%, respectivamente.
