Con el transcurso de los últimos días, viendo como según el gobierno se reúne con el Ministerio de Igualdad, tras el revuelo que llevamos viendo de la nueva normativa penal para delitos sexuales, saltan las alarmas más fuertemente cuando se queda el partido socialista solo ante la negativa de corregir los errores que han cometido las programadoras de los derechos para las víctimas de delito sexual, porque son incapaces de pensar en la protección de las personas, sin ir más lejos, la protección que destacan es dejar salir antes de tiempo a depredador sexual como es el “violador del portal” que tras la nueva legislación, se ha visto favorecido por la misma reduciendo su condena siendo uno de los cerca de 40 condenados que ya caminan por las calles de nuestro país.
Desde mi punto criminológico y tras diferentes artículos publicados, vuelvo a mencionar la peligrosidad y los factores de riesgo que esta nueva normativa sigue llevando a la falta de protección y a la acción errónea de todo el proceso desde la puesta en marcha en octubre de 2022, las medidas no son cuanto menos preventivas para futuras acciones delictivas por delitos sexuales.
No nos pueden asegurar un tratamiento efectivo, ya que los depredadores sexuales con la normativa vigente, cumplen con las graves consecuencias para el sujeto pasivo del ilícito penal y psicosocial. Se hace necesario que tomen medidas firmes de protección, y siento mencionar que la pulsera de geocalización no es para nada suficiente, recordando que un depredador sexual elige a sus víctimas en silencio sin previo aviso y sin demostrar los pasos que van a dar, tenemos el ejemplo del “violador del portal”, la elección es al azar, por lo que no prevenimos de un hecho delictivo, cierto es que si que ayuda a la captura del agresor con más facilidad, pero en ningún caso, ayuda a la prevención de la comisión del delito.
Seamos conscientes de la petición social en la que se pueda permitir asegurar en un 90% las medidas de prevención eficaces que, posibilite afianzar la vida libre de violencias.
Por ello, si tenemos presente la definición de violencia sexual donde se violan los Derechos Humanos de las personas que lo sufren, tenemos en cuenta los datos ante denuncias de índole sexual siguen creciendo, tratándose de una tipología delictiva con cifras negras en aumento, donde se debe promover la protección de una víctima y el apoyo emocional que requiera además de un tratamiento efectivo para víctima y victimario. Con lo cual, el temor que se ha ido generando ante la situación actual es aún mayor, pues el efecto social que se ha mostrado con evidencias es abrumador.
La necesidad de la reforma con la nueva normativa es un hecho, una exigencia social, para intentar llegar a una normalización en las vidas de las víctimas principalmente y como consiguiente, de los agresores que puedan acceder a un tratamiento adecuado.
Destacar que se ha priorizado la política por encima de las reglas jurídicas, sensación inclusive para muchos compañeros queriendo recalcar la involución e incluso la manipulación al indicar que lo que quieren es volver al viejo sistema, como medida de confrontación y exaltación para la sociedad que cree en las palabras y las menciones desmesuradas del propio ministerio, cuando hemos podido escuchar a Manuela Carmena que las medidas actuales contienen graves errores y que deben enmendarlos, por lo que, el problema que se siguen dando es la contemplación de la indefensión real por parte de las personas que proclaman “hermana yo si te creo”, y eso no es suficiente, a la vista está que el castigo es inferior para condenador por delitos sexuales, limitando y infravalorando a los juristas y la interpretación más la aplicación de la misma.
Me pregunto, ¿Qué interpretación cabe ante una condena que anteriormente estaba en 14 años de prisión y ahora en 10? ¿Esto es una interpretación o es un hecho aplicable? La interpretación es suficientemente clara.
Por todo lo anterior, entiendo como Criminóloga especializada en la materia, que si el propio ministerio no da marcha atrás a sus palabras, sentándose a elaborar unas medidas acorde a la protección y condenas adecuadas para delitos sexuales, nos dejen a los profesionales de la materia ejercer y desempeñar los programas y protocolos de actuación en los organismos locales mínimamente, que nos dejen coordinar los aspectos sociales y de igualdad generando una aplicación de educación social en los centros educativos, además de promover la ayuda necesaria para todos los ciudadanos.
Saben que somos capaces los Criminólogos de desarrollar programas efectivos, pero nos tienen miedo, no me cabe duda, porque estamos cualificados para ayudar a la sociedad y evaluar la capacidad de prevención, detección y protección de conductas antisociales.
