Actualmente, nos encontramos en la tercera ola de la pandemia del COVID-19, y en el Centro Penitenciario de Melilla la situación es muy grave, con el centro penitenciario totalmente confinado, al haber dado positivo a COVID 11 funcionarios y 61 de los 236 internos que residen en el centro.
Ante la gravedad de ésta situación, desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones -APFP-, expresan su preocupación por la evolución de este brote y como pueda influir en la salud de los trabajadores y de los internos, además de los problemas de personal que pueda generar esta situación a la hora de cubrir todos los puestos de trabajo.
APFP informa que el centro penitenciario es un medio de naturaleza cerrada, sin ventilación adecuada, en el que es materialmente imposible mantener la distancia de seguridad, y en la que los procedimientos de apertura y cierre de celdas, de entrada y salida de las distintas dependencias y la actividad laboral diaria general se hace manualmente, agravado por la propia naturaleza de la prisión de Melilla, cuya propia estructura física puede ocasionar gravemente la transmisión de la enfermedad.
Debido a la rapidez de la propagación del Covid19 en el centro penitenciario, los trabajadores del centro se encuentran en un grave riesgo para su salud, ya que si en la primera ola el principal vector de contagio de la enfermedad eran los funcionarios, dadas las circunstancias actuales la situación ha cambiado radicalmente, siendo el principal vector de contagio actual los propios internos.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), solicita a la Delegada del Gobierno que la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Melilla, tome cartas en el asunto, y realice un cribado masivo de la plantilla de funcionarios y de los internos a la hora de detectar posibles contagios positivos asintomáticos, que es clave para controlar cualquier brote.
