Cuando un policía sale a la calle para hacer cumplir la ley y perseguir a los delincuentes, no tiene una mampara de metacrilato delante para evitar ser contagiados.
No pueden asegurarse una distancia mínima de un metro y medio o dos metros cuando debe reducir y esposar a una persona por cometer un delito.
Cuando un policía o un guardia civil solicita la documentación a una persona, no puede evitar tocar esa documentación para comprobar su autenticidad.
Al realizar el traslado del detenido, el cacheo, o la toma de sus huellas, es imposible mantener una distancia de seguridad de más de un metro.
Por ello resulta chocante, que un Juzgado de Madrid acuse a los sindicatos policiales de hacer propaganda por pedir material sanitario, con el fin de desgastar al Gobierno.
La noticia que ha sido recogida en varios medios de información, hace referencia a que el juez ha rechazado las medidas cautelarísimas propuestas por el sindicato policial SUP.
El auto no deja indiferente a nadie, por la dureza de este. El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid hace una dura crítica a los sindicatos policiales por acudir a la Justicia para reclamar material sanitario ante una situación de pandemia. Sentencia, que durante el estado de alarma quien decide como repartir el material es el Gobierno y no los juzgados.
El juez se opone a reclamar al Gobierno material para los agentes de policía y manifiesta que en la situación que se vive no es posible reconocer el derecho a todos los integrantes de todos los cuerpos o trabajadores que prestan servicios esenciales.
La presencia física en los juzgados debe reducirse al “mínimo”.
Por otro lado, Justicia promueve que se realicen videoconferencias en las guardias de los juzgados para evitar el traslado de detenidos.
De esta forma se reduciría al mínimo la presencia de personas en los juzgados, en especial de detenidos, abogados y policías que acompañan a los detenidos.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha sido muy explícito en ese sentido. La presencia física en los juzgados debe reducirse al mínimo.
El ministro ha acordado que deben seguir prestándose los servicios de guardia de los Juzgados, de forma presencial en toda España, así como las guardias de las fiscalías de menores.
Si bien, estipula que “siempre que sea posible” se realicen “mediante videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación bidireccional segura de datos o si fuera necesario de imagen y sonido” para evitar “traslados de detenidos, profesionales u otras personas a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias que hubieran de realizarse”
Si no se trasladan a los Juzgados, eso implica que los detenidos permanecerán más tiempo en las comisarías de Policía y en los cuarteles de la Guardia Civil, además de estar con los detenidos presencialmente para realizar las videoconferencias, prolongando la exposición a posibles infectados.
Resulta paradójico que mientras un juez decide que debido a la situación que se vive, se opone a reclamar al Gobierno material sanitario para los policías, el ministro de Justicia promueve que el poder judicial tenga el menor contacto posible con otras personas.
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, saldrán todos los días, con más o menos medios a cumplir con su obligación, ya que por ahora la policía no pueda detener por videoconferencia.
