Los últimos años han presenciado un distanciamiento progresivo entre la judicatura y la Policía Nacional
El desencuentro se pone de manifiesto en la cantidad ingente de sentencias del orden contencioso-administrativo que tumba resoluciones y decisiones de los órganos directivos de la Policía Nacional y que cuestionan el modo de hacer las cosas y la capacitación de algunos de sus responsables.
Así, el reguero de sentencias corrigiendo los errores de la Policía Nacional al excluir indebidamente opositores en la prueba de la entrevista o del reconocimiento médico no cesa y evidencia cierta incapacidad para definir un procedimiento de selección que lo evite.
En los últimos días ha tenido lugar un espectáculo dantesco en relación con la convocatoria de la oposición libre para cubrir plazas de ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional, pues dicha convocatoria no tuvo inicialmente en cuenta la medida cautelar dictada por la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en fecha 28 de septiembre de 2021 por la que se acordaba la paralización cautelar de la causa de exclusión médica consistente en tener lentes intraoculares.
Ante ello, el Tribunal Supremo dictó auto de 29 de noviembre de 2022 por el que decretó la nulidad de la actual convocatoria, auto contra el que la Abogacía del Estado pues al día siguiente, el 30 de noviembre, la Dirección General de la Policía había corregido el error publicando en el Boletín Oficial del Estado una rectificación.
Finalmente, el Tribunal Supremo dictó un nuevo auto de fecha 5 de diciembre aceptando la corrección de la convocatoria y reprochando con dureza a la Dirección General de la Policía no haber informado con precisión y prontitud de los pasos dado para remediar la vulneración de la medida cautelar en la que habían incurrido y atribuyendo a los responsables del cuerpo policial la dilación de los plazos de la convocatoria y el consecuente retraso.
Puestos en contacto con el Director de la Academia DEPOL referencia en la preparación de opositores para ingresar en la Policía Nacional, nos dice que “el Tribunal Supremo ha sobreactuado al anular la convocatoria para después desdecirse y dejar sin efecto dicha anulación, pudiendo haberse evitado todo esto, sin perjuicio de que efectivamente son muchas las sentencias que están dando la razón a opositores y ello permite pensar en la necesidad de reenfocar los procesos selectivos y sus criterios de decisión”.
El encontronazo con el Tribunal Supremo no es un hecho aislado de los problemas de la Policía con la justicia. Se debe recordar que ahora mismo están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las pruebas de ortografía de las promociones 36, 37 y 38 y que ya hay sentencia firme sobre la prueba de ortografía de la primera de ellas, dando la razón a los opositores recurrentes y abriendo la posibilidad a presentar extensión de efectos a un número mucho mayor de opositores, algo que anticipa lo que acontecerá con los recursos de la prueba de ortografía de las promociones 37 y la 38.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia referente a la prueba de ortografía de la promoción 36 y los consiguientes escritos de extensión de efectos sobre el pronunciamiento de esta Sentencia va a hacer que un gran número de opositores, por encima de 500, puedan presentarse este año directamente a las pruebas de reconocimiento médico y entrevista personal, con el efecto que ello tiene de detraer plazas ofertadas en la convocatoria actual.
Incluso, muchos de los que se van a ver beneficiados por esta sentencia o las extensiones de efectos, ya son funcionarios por haber superado el proceso en años posteriores y serán resarcidos económicamente por el error.
Si todos los años un gran número de opositores obtiene el apto y se hacen funcionarios porque los Tribunales de justicia les estiman sus pretensiones contra las resoluciones del tribunal calificador, es que las cosas no se están haciendo del todo bien.
Pero no es solo que la Policía Nacional esté perdiendo muchísimas reclamaciones por cuestiones de ingreso, como hemos visto, sino que lo mismo ocurre con las reclamaciones legítimas de quienes ya son policías de carrera.
Así, incluso los comisarios principales y comisarios interponen demandas ante las malas praxis de la Policía Nacional en materia de nombramientos. Hoy mismo se ha conocido la anulación judicial del nombramiento de cuatro comisarios principales como consejeros de interior en embajadas españolas, debido a la falta de motivación de la resolución causante.
Todos estos errores producen disfunciones en los procesos de ingreso y ascenso y en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y exigen autocrítica y la definición de un nuevo enfoque.
¿Y quién va a responder de todo esto en la Dirección General de la Policía? La respuesta es nadie. Da la impresión que la Policía Nacional se ha ubicado en un ámbito de impunidad e irresponsabilidad en donde se puede llevar a cabo cualquier tropelía jurídica, incluso aquellas que crean en la opinión pública mala imagen, sin que nadie responda de nada.
Y la Policía Nacional seguirá teniendo problemas con la justicia.
