Agentes de la Policía Nacional han detenido a los dos responsables de una web que presuntamente ofrecía de forma fraudulenta canales de televisión de pago. Contaban con unos 1.300 clientes de Beniaján (Murcia) y otras poblaciones limítrofes y en los tres años que llevaban desarrollando esta actividad habrían ocasionado un perjuicio económico a los legítimos titulares de los derechos de más de 2.145.000 euros.
La investigación se inició a finales de 2019 cuando los agentes recibieron una denuncia en la que se aportaban datos sobre el servicio irregular que estaba ofreciendo multitud de canales de acceso condicional sin autorización de los legítimos titulares. Con las primeras gestiones, los agentes comprobaron que la página web denunciada ofrecía servicios de telefonía e internet a una amplia región de Murcia. Además, se ofrecían suscripciones mensuales a una amplia parrilla de canales de televisión, en su gran mayoría de carácter condicional.
Posteriormente se identificó a un operador local de telefonía ubicado en Murcia, que estaba administrado por dos personas. Además, esta compañía se encontraba dada de alta para ser operador de cable, pero no como distribuidor de contenido audiovisual.
Llegaron a emitir 300 canales
Con toda esta información recabada, los investigadores procedieron a la entrada y registro en la sede del operador local, que en ese momento se encontraba emitiendo 78 canales, de los cuales 20 no tenían autorización. Asimismo los agentes comprobaron que el operador estaba autorizado para emitir unos canales determinados, pero aprovechaba esta circunstancia y toda su infraestructura para ofrecer un listado más amplio a sus clientes, incluyendo canales de los que no disponía de autorización. Tras analizar con mayor detalle la documentación hallada, se pudo constatar que se trataba de un listado dinámico, que dependiendo del momento podía ser más amplio ya que incluso llegaron a emitir 300 canales.
Su modus operandi consistía en captar la señal a través de un contrato legal con el proveedor como cliente particular, para posteriormente distribuirlo ilegalmente a sus clientes. De este modo daban servicio a cerca de unos 1.300 clientes de Beniaján (Murcia) y las poblaciones limítrofes aprovechando el cable coaxial instalado, a los que cobraban mediante abonos en contado en el propio local o por transferencia bancaria. Dicha dinámica la llevaban desarrollando durante 3 años, con lo que habían ocasionado un perjuicio económico que asciende a los 715.000 euros anuales.
