Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a tramitar y proporcionar de manera fraudulenta tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea a inmigrantes de origen indio y pakistaní.
La red cobraba 20.000 euros a cada uno de los interesados, que se encontraban en situación irregular en España o en otros países europeos, y simulaban matrimonios con mujeres nacionales de la Unión Europea. Los investigadores estiman en más de un millón de euros los ingresos obtenidos por la organización y en 50 los inmigrantes beneficiados. Las detenciones se han llevado a cabo en Barcelona (7), Mataró (2), Valencia (1), Hospitalet de Llobregat (1) y Sitges (1).
La investigación policial comenzó tras a una información ciudadana que alertó de la existencia de una organización, asentada en España y Alemania, dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular mediante la obtención fraudulenta en España de Tarjetas de residencia familiar de ciudadanos de la Unión Europea.
Doble captación
El entramado delictivo iniciaba su actividad captando a ciudadanos de origen indio o pakistaní -en España o en cualquier otro país europeo- que estuvieran en situación irregular ofreciéndoles, a cambio de una importante suma de dinero, la posibilidad de regularizar su situación en España mediante la obtención de la Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea. A continuación, captaban mujeres nacionales de diferentes países de la Unión Europea -principalmente Rumanía- a las que ofrecían una sustancial compensación económica por simular ser cónyuges de esos ciudadanos extracomunitarios que buscaban la regularización.
Cuando las personas captadas residían fuera del país, la organización se encargaba de su traslado hasta España y, una vez aquí, iniciaban todos los trámites administrativos necesarios para la obtención de la Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Para ello, simulaban una unión matrimonial entre los ciudadanos que perseguían su regularización y las mujeres comunitarias mediante la falsificación de diversos documentos (certificados de empadronamiento, certificados de matrimonio, contratos de trabajo y altas en la seguridad social).
Por todas esas gestiones, la red cobraba a cada inmigrante una media de 20.000 euros. Los agentes estiman que el beneficio obtenido con esta actividad ascendería a más de un millón de euros.
Tarjetas extinguidas
En la mayoría de los casos, una vez obtenida la Tarjeta de residencia, los ciudadanos beneficiados por su concesión abandonaban España con destino a otros países europeos ya que uno de los derechos que adquirían era la libre circulación por la Unión Europea. Por su parte, las mujeres comunitarias regresaban a su país de origen de manera inmediata. Con la desarticulación del entramado, más de 50 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta han sido extinguidas y anuladas por las autoridades competentes.
La operación policial ha concluido con la detención de doce personas a las que se les imputa delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. A su vez, se ha llevado a cabo tres entradas y registros -dos en Hospitalet de Llobregat y uno en Barcelona- en los que se ha intervenido 10.000 euros en efectivo, diversa documentación y material informático.
