La organización captaba personas en Sevilla para formalizar parejas de hecho fraudulentas.
El fraude cometido por los implicados en la organización es cercano al millón de euros.
La investigación policial se ha desarrollado en dos fases y ha culminado con la detención de 145 personas de diferentes nacionalidades.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a 145 personas por delitos de Grupo y Organización Criminal, Favorecimiento a la Inmigración Clandestina, fraude a la Seguridad Social y Falsedad Documental.
En una primera fase, la investigación policial logró la identificación y detención de un grupo criminal por la comisión de Delitos Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros en su modalidad de favorecimiento a la inmigración ilegal, mediante la formalización de parejas de hecho fraudulentas y Delitos de Falsedad Documental en contrato laboral.
En la segunda fase de la investigación, los agentes especializados detectaron la creación de una empresa ficticia, que habría proporcionado contratos de trabajo fraudulentos a 180 personas, para así obtener beneficios y prestaciones socio- económicas de la Administración pública o acceder a préstamos bancarios entre otros.
Operación BISEN
La investigación policial tiene su origen en el año 2021, tras detectarse la existencia de dos parejas de hecho fraudulentas y con ello la posible comisión de ilícitos penales que se pudiera derivar de los mismos.
Son estos hechos los que dan origen a la primera fase de la Operación Bisen, en la que la investigación del grupo policial especializado culmina con la detención de once personas entre las que se encontraban cinco mujeres que consintieron formalizarse como parejas de hecho de cinco hombres extranjeros, por lo que fueron detenidas por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.
Estas mujeres recibieron una contraprestación económica a cambio de aceptar el registro como pareja de hecho, lo que además confería a los hombres la posibilidad de obtener una Tarjeta de Residente de familiar de ciudadano de la Unión Europea y el acceso a los diferentes derechos socio económicos que la Administración les concede.
La segunda fase de la operación tuvo inicio a mediados del año 2022 tras detectarse la creación de una empresa ficticia con domicilio social en la localidad sevillana de La Rinconada.
La actividad principal de dicha empresa era la de facilitar contratos de trabajo fraudulentos con la intención de que los falsos trabajadores pudieran percibir las prestaciones socio-económicas por parte de la Administración Pública, beneficios penitenciarios, acceder a préstamos bancarios así como para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.
El administrador único de la empresa ficticia fue detenido en esta segunda fase de la investigación junto con ciento treinta y cuatro personas más, implicados éstos últimos como presuntos trabajadores de dicha empresa.
A través de la investigación, se ha podido comprobar que la cantidad total de dinero defraudada al erario público los supuestos trabajadores ascendía a unos 924.000 euros, si bien parte de la misma ya ha sido devuelta a la correspondiente Administración.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial que decretó su puesta en libertad con cargos.
