La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Castellón la denominada operación “PORTO”, dirigida a descubrir el fraude a la Seguridad Social en diversos sectores de actividad comercial como la hostelería, construcción, imprenta, papelería, costura y arreglos de ropa, mecánica de vehículos, compra venta de materiales galvanizados o chatarra.
Las pesquisas comenzaron el pasado mes de enero tras recibir diferentes denuncias por posibles ilícitos contra la Seguridad Social cometidos en la provincia de Castellón. Tras diversas gestiones los agentes llevaron a cabo la investigación de 178 personas, de las cuales 18 de ellas resultaron arrestadas y 12 más investigadas no detenidas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Asimismo los investigadores también descubrieron que desde el 2008 hasta la fecha se ha generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 7.092.772,43 euros.
Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y así frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de sus acreedores, los investigados creaban en unos casos grupos fraudulentos de empresas y, en otros, sociedades patrimoniales a las que transferían las ganancias de las empresas deudoras ocultando de este modo su verdadero balance económico.
Diez asuntos con múltiples sociedades
En el conjunto de los diez casos se ha investigado un total de 74 empresas, muchas de las cuales carecían de actividad y únicamente se habían creado para desviar la contabilidad de las compañías deudoras con el fin de que los organismos de la Seguridad Social, encargados de perseguir el fraude, no descubrieran la trama creada al efecto. Mientras que unas sociedades generaban la deuda, ya que en ellas estaban dados de alta los trabajadores, otras del mismo grupo, sin deuda y sin trabajadores, eran las que figuraban en el entramado económico, razón por la que los acreedores desconocían la verdadera situación financiera de la mercantil.
Así se daba el caso, que en una de las investigaciones en la que constaba una sola empresa deudora, la realidad era que habían constituido un grupo empresarial con doce sociedades distintas, con variadas actividades no relacionadas entre sí, que había generado deudas a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor superior a los 505.749,11 euros.
Una familia dedicada a no pagar a la Seguridad Social
En otra de las investigaciones el cabeza de familia había creado un entramado empresarial dedicado a la construcción de edificios residenciales, gestión de la propiedad, reparación de vehículos y comercio al por mayor de chatarra, entre otros, del que había hecho partícipe a toda la familia.
El ánimo defraudatorio del citado empresario comenzó el día que dio de alta a su primer trabajador en el año 2008 sin efectuar en ningún momento el ingreso de las cuotas obreras, que sí le había detraído a los trabajadores como está obligado por Ley para su ingreso a la Tesorería General de la Seguridad Social, existiendo una continuidad en el tiempo en el impago de cotizaciones hasta la actualidad. En este caso, la deuda generada por las empresas investigadas en el referido expediente y por el propio empresario en su vertiente de autónomo, ha supuesto un perjuicio a la Seguridad Social de 1.552.927,46 euros.
