Se han practicado dos detenciones y dos investigados no detenidos por tres presuntos delitos contra la Seguridad Social y tres de frustración en la ejecución.
Agentes de la Policía Nacional han destapado en Vizcaya un fraude a la Seguridad Social de más de un millón de euros. Se han practicado dos detenciones y dos investigados no detenidos por tres presuntos delitos contra la Seguridad Social y tres de frustración en la ejecución.
En una de las tramas operaba un empresario del sector de la generación energética renovable, que acumulaba deudas con la Seguridad Social y evitaba el pago interponiendo empresas y personas para obstaculizar la acción recaudatoria.
Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2021 tras recibir varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se requería la actuación policial ante actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas, ubicadas en la provincia de Vizcaya, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes pudieron determinar la participación delictiva de diez personas (algunos de ellos actualmente en el extranjero), siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución.
Proyectos de energía renovable
La investigación llevada a cabo sobre nueve empresas relacionadas con proyectos de generación energética renovable, eran dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador en las que mantiene de alta mayoritariamente a ingenieros, con los que ha estado buscando financiación o inversores para desarrollar los proyectos que les presentaban dichos ingenieros de sus empresas.
El único capital material que tienen este grupo de nueve empresas son unos equipos informáticos profesionales con un coste importante de varios miles de euros cada uno, que se adquirieron y que por declaraciones de los trabajadores no se abonaron. La mayor parte de estos trabajadores nunca cobraron su salario, aun permaneciendo en la empresa por periodos prolongados de tiempo, por lo que tuvieron que acudir al FOGASA, pero siempre con la promesa del administrador que le iba a abonar todos los salarios en cuanto recibiera dinero del extranjero, promesa que nunca se ha llevado al efecto.
Algunos trabajadores manifestaron que el gestor de las mercantiles estaría llevando a cabo maniobras de ocultación del patrimonio para evitar que la Seguridad Social o cualquier acreedor pueda hacer efectivas sus deudas, y lo estaría haciendo a través de cuentas bancarias a nombre de terceras personas o enmascarando el destino del dinero a las sociedades deudoras, declarando prestación de servicios ficticios por parte de otras empresas del grupo.
A tenor de estas situaciones, se puede afirmar que este administrador dirige y gestiona sus empresas sin incluir los seguros sociales como costes de la actividad desde el inicio de la misma, lo que demuestra que no existe ni inversión ni plan de negocio, por lo que los impagos no pueden corresponderse con una crisis sobrevenida o transitoria de los negocios, sino con un modelo de negocio premeditado que se apoya en el impago de los seguros sociales de sus trabajadores. El perjuicio económico total causado a la Tesorería de la Seguridad Social por este entramado de empresas creadas para eludir los pagos obligados asciende a 463.233 euros.
Reforma y construcción
La investigación ha detectado una creación sucesiva de empresas de construcción, dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas, que cuando generan deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas obreras de sus trabajadores, se daban de baja para seguidamente constituir una nueva, con el mismo objeto social, la misma dirección empresarial, con los mismos trabajadores, que pasan de una empresa a otra y, de este modo, poder seguir operando en el mercado laboral y evitar posibles y futuros embargos por parte de sus acreedores.
