Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Asturias un operativo contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la restauración, la hostelería, la panadería, el procesado de carne, la limpieza, la asesoría, la ingeniería, la construcción, la climatización, la calderería y la educación. 32 personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial por una estafa que se ha cuantificado en 7.520.470,48 euros.
Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de marzo, tras recibir varias denuncias que alertaban de las presuntas irregularidades cometidas en diversas empresas situadas en los partidos judiciales de Avilés, Gijón, Langreo, Mieres y Oviedo. Los empresarios de las sociedades indagadas no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho, con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras un minucioso estudio de la documentación, se observó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, y, para ello, en varios de los casos crearon sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.
Los 32 responsables del delito puestos a disposición de la justicia han resultado ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros. Se les imputa delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones) e insolvencia punible. También se atendió una reclamación judicial de uno de los investigados.
Prestación de servicio público
Uno de los grupos empresariales deudores investigados tenía encomendada la prestación de un servicio público para el procesado, conservación y comercio de carne. Su administrador no efectuó el alta en la Seguridad Social de sus trabajadores hasta 2014 pese a hacerse cargo de la actividad desde el año 2005, figurando los mismos en una segunda empresa que soportaba las deudas que se generaban por los impagos de los seguros sociales.
El responsable detenido ha desarrollado su actividad durante años a través de sociedades adjudicatarias de concesiones administrativas supramunicipales en distintos puntos de la geografía asturiana, causando un perjuicio a la Seguridad Social que asciende a 3.304.698,68€.
Testaferro con minusvalía psíquica
En el descubrimiento de una sucesión empresarial opaca, que generó una deuda total por importe de 154.204,58 euros a la Tesorería, se observó que en las sociedades se colocaban testaferros, hombres de paja al servicio del verdadero administrador de las sociedades.
De los tres administradores inscritos en el Registro Mercantil, y que no realizaban ninguna labor de dirección en las sociedades, el primero ejercía como administrativo en las mercantiles y el segundo como peón albañil para el verdadero dueño. La tercera persona, y supuesta administradora, padecía una minusvalía psíquica permanente del 65% decretada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias. Fue colocada ahí por un familiar, que era su cuidador no profesional a tiempo completo y responsable en la sombra de las empresas investigadas.
Alta ficticia a un hombre gravemente enfermo
Los investigadores de la Policía Nacional, al analizar una mercantil que había generado una deuda de más de 100.000 euros por el impago de seguros sociales de sus trabajadores a la Tesorería General de la Seguridad Social, descubrieron un alta ficticia en una de las empresas del administrador detenido por estos hechos.
El alta simulada se realizó al padre del empresario, quien estaba gravemente enfermo e impedido de cualquier actividad y que, además, falleció al poco tiempo. Pese a no pagar los seguros sociales a sus trabajadores, impuso a su padre el tope máximo establecido en la normativa de aplicación para 2019, base para el cálculo de prestaciones de la Seguridad Social que pudieran corresponder.
De las pesquisas se dedujo que se había producido un acuerdo entre la empresa, el “trabajador” y su administrador, con el que se trataba de simular una relación laboral, sin prestación de servicios real. La única finalidad de tal contratación fingida fue permitir el acceso indebido a prestaciones públicas mediante su alta en la Seguridad Social y siempre con el objeto de cumplir en apariencia los requisitos necesarios para generar la pensión de viudedad de la que posteriormente se lucraron sus beneficiarios.
