Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Vizcaya una organización de origen pakistaní dedicada a la trata de seres humanos y a la explotación laboral de compatriotas.
Las víctimas -varones en su totalidad- pagaban a la organización de 8.000 a 10.000 euros por el traslado desde Pakistán a España a través de diversas rutas. Eran empadronados en varios domicilios vizcaínos, previo pago de 3.000 euros, y eran explotados en fruterías de la misma provincia sin contrato ni alta en la seguridad social. Pasados tres años les ofrecían un contrato de trabajo legal a cambio de 8.000 euros para poder solicitar la tarjeta de residencia en España.
Hay siete personas detenidas -seis de nacionalidad pakistaní y una de nacionalidad rumana- y se han registrado cuatro domicilios en Vizcaya -dos en Guernica y dos en Bermeo- donde se ha intervenido 93.522 euros en metálico, teléfonos móviles y diversa documentación.
Vías de entrada
La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, tras la denuncia de una persona que puso a las agentes tras la pista de una organización que introducía ilegalmente en España a ciudadanos pakistaníes que luego eran sometidos a explotación laboral.
Las víctimas, todos varones, eran captados por la organización a través del “boca a boca” en la ciudad de Vehari (Pakistán). Para introducirlos en España, el entramado criminal utilizaba preferentemente rutas terrestres que implicaban cruzar Europa -en travesías que duraban de uno a dos meses- y por lo que debían abonar cantidades que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros. Otras vías utilizadas eran la marítima, desde los puertos de Libia o Túnez, y la aérea, desde Dubai.
Una vez en España, los ciudadanos pakistaníes eran empadronados en dos pisos, controlados por la organización, en las localidades vizcaínas de Guernica y Bermeo, por lo que debían pagar 3.000 euros. Además, el entramado criminal disponía de fruterías en varias localidades de la provincia de Vizcaya donde los ciudadanos captados eran obligados a trabajar durante largas jornadas bajo amenazas, sin contrato de trabajo ni alta en la seguridad social, y en tareas que no implicaban trato con el público para reducir su visibilidad ante posibles inspecciones de trabajo.
Un contrato de trabajo por 8.000 euros
Cuando cumplían los tres años de estancia en España, las víctimas pagaban 8.000 euros a la organización para conseguir un contrato laboral en regla, ya que dicho contrato es un requisito indispensable para poder solicitar en nuestro país la tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales.
Tras analizar toda la información obtenida, los agentes llevaron a cabo el correspondiente dispositivo operativo que culminó con el registro de cuatro domicilios en la provincia de Vizcaya y la detención de siete personas -seis de nacionalidad pakistaní y una de nacionalidad rumana- en las localidades de Guernica (3), Bermeo (3) y Munguia (1). Los investigadores han intervenido 93.522 euros en metálico, teléfonos móviles y diversa documentación.
