Desde que se tuvo conocimiento de la crisis sanitaria la Dirección General de la Policía ha llevado a cabo un seguimiento constante de la evolución del fenómeno, tomando las medidas necesarias tanto para proteger a los funcionarios de eventuales contagios, como para prestar la ayuda requerida en cada momento por las autoridades sanitarias.
El 16 de marzo se publicó el Plan de Actuación frente al COVID-19, un plan general mediante el cual se establecían medidas globales para minimizar el impacto de la pandemia en el colectivo policial, encuadradas dentro de estas categorías: medidas organizativas, medidas formativas e informativas, medidas higiénico sanitarias y preventivas propiamente dichas, criterios operativos de actuación ante supuestos casos de COVID-19 y criterios de utilización de medios de protección en situaciones de riesgo.
La actualización de dicho plan de actuación, que se encuentra en fase de estudio y aprobación, sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las resoluciones de los órganos de función pública competentes en la materia que establecen medidas a adoptar para garantizar la seguridad en la vuelta a la actividad ordinaria.
El plan se articula en torno a cuatro ejes
En dicha vuelta a la normalidad han de primar la progresividad y la asimetría en las actuaciones con las necesarias garantías de seguridad y salud para los empleados públicos en el desempeño de sus funciones. El Plan se desarrolla en torno a los ejes siguientes:
– Vuelta a la actividad. Se incluyen las pautas diseñadas para la reincorporación a los centros de trabajo, con un especial tratamiento al personal integrado en colectivos vulnerables; la flexibilización de la jornada y los horarios; y la adopción de medidas organizativas para gestionar la adaptación al Plan para la Transición a una nueva normalidad.
– Medidas preventivas. Engloba las medidas generales a adoptar en los centros de trabajo; la distribución de espacios, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad; las medidas higiénicas, que incluyen la necesidad de extremar la higiene personal y reforzar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo; y las medidas de información y formación.
– Clasificación de actividades. Con el fin de garantizar un adecuado ajuste entre las medidas propuestas y los riesgos generados en cada una de las situaciones, se han clasificado las actividades en dos grandes grupos: personal sin contacto directo con el público y personal que presta su servicio en oficinas de atención al público, que contarán con medidas de seguridad reforzadas.
– Medidas específicas para determinadas actuaciones policiales. El fin es ajustar la acción preventiva a las circunstancias en las que transcurren determinadas intervenciones policiales, se ha desarrollado un apartado que incluye medidas de prevención a seguir en estas actuaciones por los miembros de la Policía Nacional.
El objetivo de esta actualización es ajustar a los requerimientos de la actual situación las medidas preventivas que hasta ahora se habían implantado, lo que exige una respuesta por parte de la Dirección General de la Policía ajustada a los nuevos escenarios planteados, primando la seguridad y la salud de los componentes de la institución policial, así como la de los ciudadanos.
Un referente de buenas prácticas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una institución que presta apoyo financiero y técnico a los países de América Latina y el Caribe, lleva más de 20 años prestando asistencia a las agencias policiales en múltiples iniciativas de fortalecimiento institucional y construcción de capacidades, a través de su área de Seguridad Ciudadana y Justica.
En el marco de la pandemia COVID-19, el BID asesora y apoya a varias policías para atender las emergencias que se han desatado en los diferentes países a través de la recopilación de buenas prácticas, lecciones aprendidas e ideas innovadoras de todo el mundo. La actuación de la Policía Nacional en esta crisis sanitaria ha sido un referente y una valiosa experiencia para resaltar, por lo que han solicitado compartir el protocolo de actuación elaborado por la Dirección General de la Policía ante el COVID-19 para tenerlo como referencia de buenas prácticas y compartirlo con las policías de América Latina y Caribe.
