Durante 2022, mucho se ha advertido a Irene Montero y al “cluster” de izquierda de las nefastas consecuencias de aprobar la denominada “Ley del solo sí es sí”. El Gobierno, a pesar de los estudios e informes por parte de altos tribunales se dedicó a criminalizar a los eruditos en la materia y menospreciarlos tachándolos de alarmistas y negando que los depredadores sexuales se fuese a ver beneficiados por su ley.
Desgraciadamente, con la definitiva aprobación de la “Ley del solo sí es sí” no ha faltado semana en informar sobre una excarcelación o rebaja de condena a criminales. Un hecho que constituye un auténtico retroceso en la protección de las mujeres y menores de edad. Desde su vigencia ya son más de 943 violadores los que han visto reducida su pena y más de 103 han salido de prisión. Las estadísticas se siguen actualizando y pronto se batirá el nefasto récord de mil.
El Gobierno sigue con sus tratos y a día de hoy la anunciada modificación de la ley todavía está bastante lejos de hacerse realidad. Mientras tanto, la ministra de Igualdad y su séquito cada vez que pillan micrófono o cámara delante no dejan de cargar contra los magistrados de aplicar mal la ley. Además, no dudan en atacar a los medios de comunicación por informar de las rebajas y generar “alarmismo social”. En la otra cara de la moneda, se encuentra el presidente del Gobierno que ni está, ni se le espera.
El Parlamento tiene la responsabilidad de corregir esta nefasta ley del Gobierno que tanto dolor y sufrimiento ha generado a las víctimas y miedo a otras tantas mujeres conscientes que un depredador sexual puede andar suelo y campando a sus anchas.
Es necesario que el resto de fuerzas políticas se unan en un movimiento que lleve de una vez por todas a rectificar la Ley del solo sí es sí, y garantizar, que desde su aprobación en adelante, los agresores sexuales no tengan penas inferiores a las que tendrían con el anterior Código Penal.
