Niegan el referéndum como antes negaban la amnistía y los indultos, son los troleadores del poder. Los tocomochos que todo lo pueden. Han hecho de su capa un sayo, ignoran nuestra democracia, nuestras leyes y nuestra libertad e igualdad. Cada semana surge un nuevo caso de corrupción, pero tienen la osadía de amenazar en el propio Congreso de los Diputados, como lo ha hecho la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalando a un diputado del PP con el dedo del terror a modo de disparo, con toda su chulería y diciendo “cuidado” mientras mandaba callar. Dicho dedo es el gatillo amenazante de quien se cree por encima de la ley, con una impunidad encubierta.
Es la misma ministra que filtró ante las cámaras de televisión el fraude a la Hacienda Pública supuestamente cometido por Alberto González Amador, pareja actual de Ayuso, cuatro horas antes de que fueran publicadas por medios afines al sanchismo. Inspectores de Hacienda quedaron perplejos por que se hubiera filtrado información privilegiada de la Agencia Tributaria.
Asimismo, respecto a la filtración de datos por la Fiscalía, el portavoz de la Asociación Profesional de Fiscales, Miguel Pallares, advirtió que “esta publicación por parte de la Fiscalía supone un ataque frontal a los derechos de las personas que están siendo investigadas (…) causando un perjuicio evidente al investigado, alejando a la Fiscalía del papel de absoluta neutralidad, en el ámbito político, que debe desempeñar siempre como institución”. Resulta intolerable que se revele el contenido de las propuestas en casos de conformidad, incumpliendo el deber de sigilo que legalmente está impuesto por su Estatuto. En el mismo sentido, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenezco, ha comunicado que la actuación de la Fiscalía de Madrid “resulta de extrema gravedad ya que supone una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”.
Precisamente, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha denunciado, en representación de los Abogados, a la Fiscalía por revelación de secretos (vía penal y administrativa), y en una declaración para el diario El Mundo dijo: “La Fiscalía ha incurrido de forma palmaria en revelación de secretos. El fiscal conoció estos hechos por razón de su cargo y la Fiscalía es totalmente distinta a lo que pueda hacer un medio de comunicación, ya que tiene la obligación legal de mantener el secreto de esas conversaciones. Con esta actuación, el fiscal está dinamitando el principio de confianza y el derecho de defensa y está incurriendo de forma palmaria en este tipo penal. No existe un precedente similar (…). Sin el derecho de defensa no hay justicia y sin justicia no hay Estado democrático”.
A tal respecto, debemos recordar que la ley prohíbe que los datos tributarios de un contribuyente salgan de la estricta esfera de los funcionarios que llevan la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la Agencia Tributaria está obligada a preservar la privacidad de sus datos. Los funcionarios, directivos de la Agencia y autoridades públicas que no cumplen su obligación de custodiar estos datos incurren en ilícitos penales o administrativos.
Volviendo al principio, María Jesús Montero ha podido incurrir en los delitos previstos en los artículos 147.2 y 199.2 del Código Penal, que conllevan penas de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. La propia vicepresidenta primera y ministra filtró datos tributarios de un particular ante las cámaras de televisión y en sede parlamentaria, además de mentir diciendo que esos datos los había conocido por los medios de comunicación y ningún medio de comunicación los había publicado aún. Y, de nuevo mintió cuando dijo, al día siguiente también ante las cámaras, que ella no había dicho nada. Es extremadamente grave que sea ella quien comete esta filtración al ser la superior jerárquica de la Agencia Tributaria. Estamos ante el asunto más grave de la historia de la Agencia Tributaria, como bien ha dicho, Ignacio Ruiz-Jarabo, ex Director General de la Agencia. Confiemos en que la justicia actúe con todas las consecuencias, en caso contrario se trataría de una impunidad encubierta.
Artículo de: Manuel Novas Caamaño | Abogado
