Cuando se agrupan una serie de factores relacionados con la seguridad ciudadana o la salud pública en nuestras fuerzas de seguridad, damos por hecho que la ley se rige desde una misma perspectiva que tiene que ver con el cumplimiento de cada uno de ellos.
No es el caso de los chalecos antibalas destinados al Cuerpo Nacional de Policía, ya que desde hace tiempo se viene reclamando por parte de los agentes una individualización de estos equipos como consecuencia imperial de su trabajo.
La realidad más reciente, tal y como denunciaba César Alvarado en h50, es que la Dirección General de Policía (DGP) requiere a los policías que se trasladan a otro destino, la entrega de los chalecos antibalas que les fueron asignados.
Resulta este un problema ilógico, no sólo conforme a la vista de una posible falta de recursos, sino porque puede llegar a atentar contra la salud pública, derivado en posibles contagios de COVID-19. Se trata de chalecos internos con fecha de caducidad y que son usados durante años pegados al cuerpo de cada agente, lo que conlleva un factor añadido de higiene personal que no debería ser utilizado por segundas manos.
De hecho, los agentes que cambian de destino por petición propia o por designación de plaza, no están obligados a entregar su arma reglamentaria, grilletes, defensa o uniforme; ya que forman parte del equipo individual de cada uno.
Además, los chalecos internos provocan un problema de incomodidad para los agentes, sobre todo en época estival cuando las temperaturas son más altas y el calor se vuelve asfixiante. Resulta que usados de esta forma, no son nada transpirables y no permiten una extracción rápida en caso de necesidad operativa o descanso.
Es por ello que la policía prefiere normalizar el uso del modelo externo, pese al riesgo de crear una alarma social debido a su utilización en misiones de alto riesgo, como pueden ser atentados terroristas.
Hace dos años, la DGP aprobaba una adjudicación directa para comprar fundas que permitan a los agentes usar los chalecos internos por encima del uniforme. Unas ayudas que no llegan a todos y que están obligando a muchos policías a comprarse las suyas propias.
Por otra parte, en 2019 se dio a conocer que la Escuela Nacional de Policía avisaba a sus alumnos del obligado sufragio para comprarse los chalecos antibalas, una vez acabaran el curso y antes de las prácticas de patrulla, lo que supuso una sorpresa colectiva al no contar con este elevado gasto.
En este sentido, el pasado mes de junio se conocía la licitación al CNP para la adquisición de 21.000 chalecos antibalas por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, 6.000 de ellos de uso interno. Un porcentaje que no deja de resultar elevado, a tenor de la demanda causada por los propios agentes.
No veo la relación con el coronavirus