En un artículo anterior mencionábamos la imperiosa necesidad de que todos los agentes que trabajan en servicios operativos estén formados para detectar documentos falsos, una formación que los que mandan no consideran importante para sus estadísticas pero que los que están en la calle frente a las amenazas, saben que necesitan. También mencionábamos que una minoría de policías que se forman por su cuenta consiguen un impacto sobre la seguridad en forma de delitos resueltos que no consigue la administración, pero en la seguridad la Policía no tiene la última palabra, la seguridad pública es cosa de todos.
Imaginemos que Marta (personaje hipotético) trabaja en la recepción de un hotel. Ya somos conscientes de todo lo que se puede hacer con un documento falso, lo explicamos en el artículo anterior cuando decíamos que el documento no es la identidad. Marta no es policía, pero tanto ella como su empresa son potenciales víctimas de fraude, hay servicios bancarios, compañías de seguros, servicios en Internet, hoteles, compañías de alquiler de vehículos o tiendas de compra-venta, la mayoría de servicios son potenciales perjudicados.
Marta recibió a un nuevo cliente que pretendía registrarse, ella consultó on-line a través del registro de documentos dubitados si el DNI utilizado para contratar ese servicio estaba sustraído, con ese número de DNI aparecía un documento denunciado en Francia, podría estar robado o perdido, la aplicación le pidió la fecha de nacimiento del documento como segundo dato para contrastar que el documento que tenía delante de ella y el que figuraba en el registro, eran el mismo. ¡¡BINGO!! Marta llamó a la Policía, el portador del documento fue detenido por usurpación de estado civil (identidad), por falsedad documental, estaba ilegal en España y tenía una orden de detención. Marta no fue víctima de fraude y la Policía hizo su trabajo, en la historia ganaron los buenos como en las películas.
El caso es que esta historia es solo ficción porque no existe un registro de documentos dubitados. En la realidad ganan los malos y los buenos pierden, pierden dinero, pierden tiempo y pierden seguridad jurídica. Invocar a la sacrosanta protección de datos no es suficiente para no crear este registro, porque en este caso es menos malo que tu documento perdido o robado figure en ese registro y pueda ser consultado para que nadie use tu identidad para cometer un delito, a que sean las redes de falsedad documental quienes trafiquen con tus datos libremente.
Es menos malo que tu número de DNI robado figure en una base de datos a la que tienen acceso las empresas potenciales víctimas de fraude (servicios de internet, banca, casas de compraventa, etc.) donde sólo figura ese dato, que puede ser contrastado con un sistema de doble verificación: número de documento y fecha de nacimiento, a que te casen con alguien sin que lo sepas para conseguir un permiso de residencia, que pidan una tarjeta de crédito con tus datos o compartan propaganda yihadista en redes sociales con tu identidad.
Si hablamos de protección de datos, no podemos obviar que en Telegram existen canales donde no solo se vulnera esta protección, directamente se usa la herramienta para delinquir, se compran y se venden documentos, canales como https://t.me/fakepassports4sale y https://t.me/passportorginal con miles de seguidores hacen el agosto. Es un hecho que la protección de datos no aplica para los ciberdelincuentes y que nuestros datos no están protegidos. En estos canales se publican fotos de pasaportes españoles y DNI robados, en algunos casos esos documentos se manipulan con la foto del receptor y se venden por precios que oscilan entre los 500 y los 2500 euros para el pack completo de documentos.
Ayer en el grupo de inteligencia en Español de Telegram que administra Detectives Janus se compartieron estos conocimientos, que nadie se asuste porque todo está en fuentes abiertas, algunos llegaron a la hipótesis de que en el caso del segundo canal, los robos podrían estar cometiéndose en Barcelona por tres motivos: gran parte de los DNI eran españoles (1); porque había más pasaportes españoles que extranjeros (2), porque la mayoría de documentos eran de personas relacionadas con Barcelona tras hacer una consulta OSINT (3) con esos datos.
Otras hipótesis apuntaban a que irían destinados a un mercado árabe o persa (4); que existe riesgo de que estos documentos sean empleados para entrar ilegalmente haciéndose pasar por un ciudadano comunitario (5); que un terrorista con un DNI español podría entrar educadamente por Italia, Malta o Grecia haciéndose pasar por comunitario y pasando desapercibido para las autoridades de esos países, menos familiarizadas con el documento (6); que los documentos publicados son documentos “quemados” y el traficante no tiene reparos en exponerlos como reclamo publicitario porque ya los ha vendido (7); y que también podría tratarse de una estafa para sacarles el dinero a potenciales compradores (8). Los más conspiradores pueden llegar a creer que se trata de un servicio de ciber-delincuencia puesto en marcha por una agencia de inteligencia para detectar a los interesados en camuflar su identidad (9).
Otro hecho conocido, es que al menos se ha detectado una fotografía de un DNI español falsificado en poder de un sirio que pretendía entrar a Europa por uno de tantos puntos calientes. Era una foto de una falsificación, empleada por el falsificador para mostrar su trabajo, pero contenía datos de un ciudadano español.
Todas las hipótesis anteriores son compatibles con el delito y el delito no podría ocurrir si existiera una política de seguridad más realista y menos “buenista”, tanto en España como en el resto de Europa. En Una Policía para el Siglo XXI somos policías de la calle, no somos policías de los despachos y creemos en las soluciones realistas, no nos gusta rellenar formularios, hacer estadísticas ni en pasear fotocopias. Por eso creemos que debería ponerse en marcha un registro online de documentos dubitados en que se archiven los datos de los documentos sustraídos con fines de prevención de la delincuencia. Para que los empleados que trabajan con documentos de identidad de sus clientes, que son sujetos obligados por las leyes de protección de datos, porque tanto los recogen como los procesan, puedan validar los documentos de sus clientes, eviten ser víctimas de fraude y participen en la seguridad pública poniendo su granito de arena.
