La odisea de Ángel, un guardia civil que prestó servicio hasta la pasada primavera en el cuartel de Torrevieja (Alicante) presenta rasgos propios del teatro del absurdo o el aire tragicómico de una película del maestro Berlanga, pero para él tiene poco de comedia:
¿quién celebraría el hecho de que su empresa le reclamase la devolución del salario de los últimos seis meses de trabajo (18.905 euros), pese a haber sido éste llevado a cabo de manera irreprochable?
Ésta es la pesadilla que ahora vive Ángel, a la que se ha llegado además después de una desconcertante sucesión de comunicaciones respecto a su situación laboral en la cual la última anulaba la anterior, para volver después al punto de partida sin ofrecer explicación alguna.
La burda trama arranca cuando en octubre de 2018, y tras someterse a dos operaciones de columna a causa de una enfermedad degenerativa, Ángel, agente de la Agrupación de Tráfico, recibe un escrito en el que se le comunica su pase a situación de retiro a causa de la pérdida de actitudes psicofísicas. Tras el anuncio, a este trabajador únicamente le faltaba aguardar la publicación en el Boletín Oficial de Defensa la oficialidad de su nueva situación.
Sin embargo, y para su sorpresa, a finales de diciembre recibe una nueva notificación en la cual se le informa de que debe reincoporarse al servicio desde inicios de enero, haciéndose cargo de tareas administrativas en el acuartelamiento de Torrevieja. La papeleta de alta con la que cuenta atestigua este giro de los acontecimientos.
Allí trabaja de manera irreprochable (como consta en un documento certificado por el jefe de la unidad) hasta finales del mes de abril, cuando otra vez se le informa por escrito que pasa (una vez más) a situación de retiro.
Ángel acepta con resignación y la disciplina propia de su profesión estos bandazos inexplicables e inexplicados, y a partir del 12 de julio, tras la publicación en el Boletín Oficial de su nueva situación, cree que ya solo debe aguardar a comenzar a percibir su pensión.
Pero el golpe final a esta sucesión de calamidades llega pocos días más tarde, concretamente el 30 de julio, cuando descubre que en el Boletín Oficial de Defensa se le reclama ahora la restitución de las retribuciones percibidas durante sus últimos meses de trabajo, casi 19.000 euros.
Ángel, desolado y sin ingresos, puesto que todavía no ha comenzado a cobrar su prestación por retiro, acude a los servicios jurídicos de AUGC, con los que presenta un recurso contra la Dirección General y el Ministerio de Defensa, pendiente de resolución.
Hasta la fecha, ninguna de las dos instituciones ha ofrecido explicación alguna.
Hoy vive angustiado por esta incertidumbre, convertido a su pesar en protagonista de un enredo burocrático disparatado en la España del siglo XXI trasladada a un esperpento valleinclanesco.
AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
