Viendo las publicaciones del Boletín Oficial de la Guardia Civil, aproximadamente unos 4.000 agentes de la Guardia Civil de la plantilla total con la que cuenta la Benemérita, en torno a 80.000 efectivos, llegada su edad reglamentaria se ven obligados a permanecer en la Reserva Activa por falta de plazas específicas; o bien lo hacen porque las funciones que realizan en sus actuales destinos suelen ser tan arriesgadas y penosas que, por la diferencia económica con respecto a permanecer en activo, toman la decisión de marcharse a la otra situación administrativa, así lo denuncia la asociación IGC.
Esto, a su entender, supone un problema al no impulsarse por completo la cláusula “tercera” del acuerdo suscrito en marzo del 2018, entre el Ministerio del Interior y los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en lo que respecta a destinar una cantidad para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al Servicio Activo, y es que aún faltan muchas plazas en destinos para estos funcionarios que desean continuar prestando servicio.
En el caso de la Guardia Civil, a ello se suma que se han perdido los puestos de trabajo que había en las Delegaciones de Defensa por rescisión del acuerdo de continuación, lo que agrava aún más si cabe el problema, puesto que en ciertas provincias el catálogo ofertado para las sedes judiciales está cubierto al completo y deben de esperar del orden de seis meses o, incluso, en el peor de los casos, un año para poder optar a un puesto de trabajo.
Según lo observado, del total de esos guardias civiles, su mayoría son agentes que han prestado servicio en las calles en unidades de seguridad ciudadana y tráfico, especialidad esta última que, entienden, se está viendo abocada a la desaparición si no se reaccionara pronto, ya que el personal está muy desencantado ante las promesas incumplidas de estímulo económico, y muchos de ellos, en la medida en la que pueden, piden destino fuera de esta agrupación.
Además, muchos asociados de IGC les han trasmitido que “por 600€ líquidos que se pierden pasando a la Reserva, no merece la pena estar expuesto en las calles, con el riesgo que ello supone, la falta de autoridad que se viene detectando y el poco o nulo respaldo institucional”. Remarcando esta asociación que tampoco ven de recibo que un agente, quizás obligado por necesidades económicas, al no poder optar a otro destino algo más cómodo, deba de estar obligatoriamente pateándose las calles hasta los 65 años o su pase a Retiro, frente a los 59 años en las policías autonómicas.
