La Guardia Civil en el marco de la operación “Zacallón”, ha investigado a siete personas, vinculadas con el Espacio Natural de Doñana (espacio que conforma el Parque Nacional y el Parque Natural), por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y usurpación de aguas.
Sobreexplotación no autorizada
La Guardia Civil inició las investigaciones el pasado 2019 al recibir información sobre la realización de sondeos supuestamente no autorizados en Doñana, con la particularidad de que esta irregularidad se llevaba a cabo en presencia de vigilantes del propio espacio natural.
Respecto a los usos del agua se detectaron 22 pozos ilegales y 11 balsas (zacallones) que estarían afectando al acuífero. Las autorizaciones para el pastoreo de ganado se encontraban caducadas y además se localizaron construcciones ilegales de toriles.
Ninguna de las actividades descritas contaba con autorizaciones en vigor, y se habían estado produciendo durante al menos los 2 últimos años, dañando a la fauna y flora protegida de ese espacio. Estas irregularidades habían sido denunciadas con anterioridad, pero los agentes del SEPRONA descubrieron también que los expedientes sancionadores no se tramitaban.
Enriquecimiento de los ganaderos
Los beneficiarios directos del aprovechamiento indebido del agua y de las construcciones donde almacenaban elementos ganaderos y guardaban al propio ganado, eran en su mayoría asociaciones de ganaderos de la zona, participando directamente en las irregularidades urbanísticas detectadas, utilizando un bien público de forma privativa.
Daños a la flora y fauna protegida
El Espacio Natural de Doñana supone un enclave único en cuanto a su riqueza biológica y su inclusión en diferentes normativas de protección, destacando entre otras, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Natural de la Unesco o Red Natura 2000.
En las investigaciones realizadas e informes aportados por diversos organismos (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Sevilla, etc.), se ha constatado la pérdida de biodiversidad que estaba afectando a la regeneración vegetal, amenazando a especies de flora y fauna protegidas.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), y del Proyecto LIFE GUARDIANES DE LA NATURALEZA.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº3 de La Palma del Condado (Huelva), junto con la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva.
