La Guardia Civil informa que ha detenido a 60 personas y 5 investigadas implicadas en delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, además de intervenir más de 1 millón de euros en dólares falsificados, 250.000 euros en billetes de diverso valor y se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias por un importe de 270.000 euros. Han sido realizados 9 registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia en los que ha sido intervenida numerosa documentación, teléfonos móviles, ordenadores, la caja fuerte en la que hacían creer que se encontraba la herencia.
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Con la operación “risala” la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional asentada en Valencia, cuyos líderes son de origen nigeriano, y que se dedicaban a la comisión de estafas a través del modus operandi conocido como “Cartas Nigerianas” en la modalidad de ilusionar a las víctimas con una herencia consistente en una fortuna inexistente y persuadirla de manera convincente mediante engaño para que realice pagos por adelantado como única condición para acceder a esta supuesta fortuna.
La investigación se inició en febrero del año 2018 a raíz de una denuncia recibida a través de la Consejería de Interior de los Estados Unidos en la que una residente de dicho país puso en conocimiento que se habían puesto en contacto con ella para indicarle que podría ser la heredera de una persona que había fallecido sin familiares próximos de una elevada cantidad de dinero que se encontraba depositada en España y que, para poder recuperarla, debía hacer una serie de transferencias como pago de los impuestos necesarios para obtener dicha herencia.
Los líderes de esta organización enviaban de forma masiva correos electrónicos o faxes de un abogado ficticio, con el ofrecimiento de la supuesta herencia de varios millones de euros en la que hacían creer que un familiar del receptor habría fallecido en España sin herederos y que en caso de querer percibir la herencia debía hacerse cargo de unos gastos de gestión. Cuando algún perjudicado lograba ser engañado, otro miembro de la organización se hacía pasar por el director de la empresa de seguridad o del banco donde estaría depositado el dinero y lograban hacer que se realizaran transferencias para efectuar los “trámites” para el cobro de la misma. Algunos victimas llegaron a trasladarse a Valencia desde sus países de origen para comprobar in situ la veracidad de la gestión de la herencia.
Los miembros de esta banda preparaban toda una escenificación en la que generalmente una mujer recogía en un taxi a los perjudicados en el hotel donde se hospedaban y los llevaba a la propia Delegación de Hacienda donde fingía tramitar unos documentos. De ahí los trasladaban a un complejo de trasteros que simulaban ser una empresa de seguridad donde otro miembro de la organización les mostraba la caja de seguridad dónde estaría depositada la herencia y les cobraban en efectivo parte los “gastos de gestión”. Una vez pagaban las “tasas” les decían que el abogado que llevaba su caso se encontraba enfermo y que se pondría en contacto con ellos para continuar los trámites.
Una vez en sus países de origen recibían nuevamente comunicaciones poniendo excusas por el retraso del pago por culpa de los organismos y juzgados españoles, remitiéndoles documentos falsificados supuestamente extendidos por el Tribunal Supremo o Agencia Tributaria entre otros y que tenían que continuar haciendo pagos por los gastos de gestión de una herencia que nunca llegaría.
Para la realización de estos hechos los líderes de la organización tenían una red de “mulas” distribuidas por todo el territorio nacional, algunas de las cuales tenían organizado un entramado empresarial para tratar de dar un mayor aspecto de legalidad a las numerosas transacciones que recibían de los perjudicados, las cuales extraían el dinero en efectivo o lo transferían a otros miembros de la organización cuya misión era hacer de correos y, empleando sistemas de envío de dinero en locutorios, adquisición de diversas mercancías para su posterior envío a Nigeria en contenedores.
La mayoría de las víctimas habían nacido entre los años 40 y 50, todas ellas nacionales y residentes en países extranjeros principalmente en Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza, Eslovenia, Corea del Sur, Australia, Alemania, Francia y Chile entre otros. Estos contactos se han coordinado a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, tales como Europol, Interpol y comunicaciones directas con los cuerpos policiales de los Estados de origen, especialmente con el H.S.I. (Home Security Investigations) de los Estados Unidos, pudiendo esclarecer hasta el momento numerosos hechos delictivos que alcanzan la cantidad de 20 millones de euros estafados a los perjudicados.
