La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Chancuatro’ encaminada a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor, ha destapado una trama delictiva dedicada al uso de desalobradoras en la comarca del Campo de Cartagena (Murcia).
Hasta el momento, ya que la investigación continúa abierta, se ha investigado a 68 personas por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Asimismo, los agentes han llevado a cabo 52 inspecciones en fincas agrícolas, en algunas de las cuales han sido localizadas y precintadas 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares.
Tras culminar las operaciones ‘Chandos’ (iniciada en 2019 con 63 personas investigadas por delitos medioambientales) y ‘Chantres’ (desarrollada en 2020 y que culminó con la investigación de 23 personas), y ante la sospecha de que estas actividades delictivas pudieran continuar, se inició esta investigación.
Los agentes obtuvieron abundante documentación, entre la que se encuentra la intervenida a una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos con sede en la comarca del Campo de Cartagena, que permitió centrar la investigación en numerosas fincas agrícolas sospechosas de albergar desalobradoras y pozos de extracción ilegal de agua.
Una vez obtenidos y analizados todos los indicios, la Guardia Civil puso en marcha el pasado mes de febrero un amplío dispositivo policial, dirigido por el SEPRONA y en el que participaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, para llevar cabo la inspección de 52 fincas agrícolas.
Durante las inspecciones se localizaron 60 plantas desalobradoras y 42 pozos de captación de aguas con diferentes irregularidades y se identificó a sus propietarios.
Ocultaban bajo tierra la maquinaria para evitar su localización
Entre las desalobradoras localizadas se han detectado casos singulares por el modo de ocultación empleado para evitar su detección. Algunas de ellas se encontraban instaladas en zulos construidos en el subsuelo y camuflados, y otras se encontraban en remolques, que facilitaban su transporte hasta cualquier punto de las fincas de forma ágil.
Además, algunos de los pozos de extracción de agua habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros carecían del citado contador y varios carecían de la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad.
Los agentes han comprobado que se trataba de un entramado delictivo orquestado por una mercantil (tres de cuyos responsables son parte de las 68 personas investigadas) que ofrecía sus servicios a empresarios agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena.
Ofertaban desalobradoras y productos para eliminar la salinidad del agua, y así brindar a los agricultores una forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación de agua de los acuíferos de la zona.
Para llevarlo a cabo, les instalaban la maquinaria, generalmente soterrada para evitar su localización, y se encargaban del servicio de mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos fuese filtrada y desprovista de salinidad. Una vez depurada, el rechazo –con un alto porcentaje en sal y productos químicos– era inyectado en pozos ilegales y también vertida a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el Mar Menor.
La Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura han precintado la maquinaria objeto de la investigación y ha obtenido muestras de agua para su posterior análisis.
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el vigente Código Penal, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.
En caso de que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales aumentan las cifras anteriores pudiendo castigarse las conductas con una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para su profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Murcia.
