Con la modificación de la Ley de Seguridad Vial que entró en vigor en marzo de 2022, esta conducta está sancionada con 500 euros de multa y la prohibición de presentarse a nuevo examen en un plazo de seis meses.
Durante el año 2022, en el marco de la colaboración existente entre el Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana y las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Valencia, Alicante y Castellón, por los Grupos de Investigación y Análisis -GIAT- de cada provincia, en su función de control de identidad de los aspirantes para evitar la suplantación de personas y otras posibles irregularidades en los exámenes para la obtención o recuperación del permiso de conducir, se ha descubierto a 42 personas de distintas nacionalidades (siete españoles, seis chinos, seis marroquíes, ocho paquistaníes, nueve indios, un albanés, dos rumanos, un senegalés, un dominicano y un argelino) llevando instalado adosado al cuerpo, un sofisticado sistema compuesto de una cámara con el objetivo camuflado en un botón de camisa o en dibujos llamativos de camisetas y sudaderas y como sistema novedoso, ocultándola en el interior de una mascarilla tipo FFP2.
Las cámaras captaban las imágenes del cuestionario de preguntas que aparece en el monitor del ordenador de la DGT y a través de una conexión mediante telefonía móvil con otro dispositivo que se encuentra en el exterior, se reciben las respuestas a través de un micro-pinganillo que llevaban insertado en el oído, todo ello sin levantar sospecha alguna.
En el mes de marzo de 2022, con la entrada en vigor de una modificación de la Ley de Seguridad Vial, que entre otros amplía el artículo 77, se dotó de una nueva herramienta a la Dirección General de Tráfico, incorporando como infracción muy grave la utilización de dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente, en las pruebas para la obtención y la recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos, sancionando al infractor con 500 euros de multa y la imposibilidad de presentarse a nuevo examen en un plazo de seis meses.
Además, en Valencia y Castellón, se sorprendió a dos hombres que se presentaron al examen suplantando a los que realmente debían realizarlo, por lo que los cuatro han sido puestos a disposición judicial como presuntos autoras de un delito de falsedad documental. Este delito cometido por particulares lleva aparejadas penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
