La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Canario de Salud (a través de la Oficina de Uso Racional del Medicamento) y en el marco de la operación HIGEA TF, ha desarticulado una organización delictiva que en los últimos años habría estafado más de 2 millones de euros al Servicio Canario de Salud.
Se ha detenido a 7 personas, entre ellos 3 médicos, 1 farmacéutico y 2 empresarios de la isla de Tenerife por los supuestos delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La operación se inició una vez que el Servicio Canario de Salud detectara que desde el año 2014 una farmacia situada en el casco urbano de Santa Cruz de Tenerife venía dispensando un grupo de fármacos de alto coste y que en su mayoría eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su profesión en un principio en el Centro de Salud de la localidad de Geneto y posteriormente en el Centro de Salud de San Benito.
La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extremadamente altas que la farmacia investigada llegaba a facturar más dosis que las que facturaban el resto de farmacias de Canarias en su conjunto.
Investigación
Ante tal situación, agentes de la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de la Oficina de Uso Racional del Medicamento, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.
En primer lugar se centraron en analizar las recetas electrónicas usadas para la dispensación de los fármacos que les permitió localizar al núcleo principal de la red, formado por un médico de familia, un farmacéutico y un empresario.
El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención que ni siquiera pertenecían a su cupo de pacientes y que, por tanto, ignoraban la actividad delictiva y además, en la mayoría de los casos, las recetas prescritas nada tenían que ver con las dolencias que presentaban los mismos.
Asimismo, comprobaron que las recetas electrónicas las dispensaban en una única farmacia de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto muy alejada del Centro de Salud donde trabajaba el citado médico, lo que indicaba que necesariamente debía de existir un acuerdo delictivo entre médico y farmacia.
Después de varios meses de investigación, los agentes averiguaron que en la trama también había un empresario que ejercía la función de enlace entre ambos (médico y farmacéutico), siendo éste el principal promotor de la actividad delictiva investigada, en la que contaban con la connivencia de varios empleados de la citada farmacia.
Tras ello y con la autorización del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, se registraron la consulta médica, la farmacia investigada, así como los domicilios de los tres investigados y una tienda de ropa propiedad del empresario, donde se intervinieron una gran cantidad de documentación sanitaria y numeroso material informático, el cual, una vez analizado, ha permitido conocer en profundidad el funcionamiento y las ramificaciones de la organización. Por todo ello, los agentes detuvieron al farmacéutico, al médico y al empresario, los cuales pusieron a disposición judicial.
Modus operandi
El modus operandi consistía en que el médico utilizaba un conjunto de pacientes que localizaba en la base de datos del Servicio Canario de Salud (a la que tenía acceso como médico de familia) y, simulando haber mantenido una consulta en el sistema informático, generaba un Plan de tratamiento médico electrónico, que a continuación imprimía y se lo entregaba al empresario para que éste lo entregase en la farmacia, donde se iniciaba el proceso de dispensación de los fármacos prescritos en cada receta electrónica.
El beneficio del farmacéutico radicaba en que, aunque facturaba el fármaco al Servicio Canario de Salud, el medicamento no era realmente despachado y podía venderlo en numerosas ocasiones, puesto que la caja siempre permanecía en el almacén de la farmacia, obteniendo la consecuente subvención a la que estuviese acogido.
Ramificaciones de la organización
Los agentes descubrieron la existencia de otras ramas delictivas de la organización, de menor escala, y que se llevaban a cabo en los municipios de Güímar y Adeje.
Por un lado, descubrieron que en el municipio de Güímar, una empresaria de una residencia de la tercera edad, actualmente cerrada, utilizaba a un médico de familia del centro de salud de esa localidad para extender recetas electrónicas a los mayores ingresados en el centro y que luego presentaban en la misma farmacia de Santa Cruz de Tenerife. Se dispensaban solo algunos fármacos prescritos pero se facturaban todos los que figuraban en las recetas, generando así beneficios tanto para la farmacia como para el citado centro.
Asimismo, en un Centro de Salud de Adeje los agentes detectaron el mismo modus operandi que en Güímar, prescribían recetas electrónicas a diversos pacientes que posteriormente despachaban en la farmacia de Santa Cruz de Tenerife.
Dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina
Además, durante toda la investigación, también se logró desactivar otra actividad ilícita, consistente en la dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina en la propia sede de la farmacia de Santa Cruz. Los clientes consumidores de esas sustancias, concertaban citas por teléfono con el propietario de la farmacia y en su trastienda, alguno de sus empleados o él mismo, les inyectaba la dosis de anabolizante.
Como hecho delictivo definitivo, el propietario de la farmacia estaba ultimando la venta de la misma a una tercera persona por un importe muy superior a su precio real, utilizando para tal engaño los importes mensuales que facturaba al Servicio Canario de Salud y que en nada tenían que ver con los importes reales de ventas. El objetivo del empresario estafador no era otro que lograr llevar a cabo una venta a un precio muy superior al real antes de que entrase en funcionamiento un nuevo sistema de control de venta de fármacos que le impediría continuar con su facturación ficticia.
Hay que destacar que, a través de la empresa de software encargada del mantenimiento del sistema informático del Servicio Canario de Salud, se ha comprobado que solo en los años 2017 y 2018 la cantidad estafada supone una cantidad aproximada de 1.723.586 euros
