Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de EUROPOL y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación CAISHENG, han llevado a cabo diferentes actuaciones en las provincias de Madrid y Barcelona, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, entre otros.
Estas actuaciones están bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado la realización de 29 registros en domicilios, asesorías fiscales, locales comerciales y naves industriales, al igual que requerimientos de documentación dirigidos a varias sociedades y 24 sucursales bancarias.
La investigación se inicia en el año 2018 en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y tiene su origen en un expediente sancionador que el Comité Permanente del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales inició contra una entidad bancaria por una posible infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Ingresos de fondos directamente transferidos por más de 2000 M€
En el citado expediente se denunciaba la operativa llevada a cabo por cientos de clientes que realizaban ingresos en efectivo de fondos de origen desconocido, para acto seguido, transferir los mismos principalmente a China, todo ello por un importe superior a los 2000 millones de euros.
De entre estos clientes, la investigación realizada por la Guardia Civil ha permitido identificar un entramado de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí, que contaban con asesoramiento fiscal especializado siempre de la misma persona.
Hasta el momento hay 30 personas investigadas, habiéndo procedido a la detención de 15 de ellas, todo ello en los 29 registros practicados, en los que también han intervenido cerca de 500.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos de gran valor económico y de interés para la investigación.
Más de 105 M€ entre 2010 y 2017
A lo largo de la investigación, los agentes han podido corroborar la existencia de una organización criminal que, entre los años 2010 y 2017, y desde cuentas bancarias de sociedades instrumentales abiertas en siete entidades bancarias diferentes, se han estado transfiriendo al extranjero cantidades de fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros.
Para la comisión de los fraudes detectados, la organización habría creado sociedades instrumentales vinculadas al sector textil, sin actividad comercial alguna durante el periodo investigado, las cuales presentaban declaraciones tributarias fraudulentas aportando facturación falsa. Al frente de las mismas situaban a testaferros que realizaban los ingresos del dinero en efectivo que previamente había recaudado la organización.
Nuevas operativas de blanqueo
Debido a las restricciones que encuentran en el sistema bancario vigente, los investigados estaban utilizando el método denominado “de compensación”, basado en la confianza entre las partes que, entregando una determinada cantidad de dinero, en este caso en España, a turistas, negocios, etc. Esa cantidad es ingresada a la organización en China, sin necesidad de pasar por los controles bancarios ni fiscales nacionales.
Otra operativa detectada es una variante de este método de compensación denominada “Shopper”, a través de la cual los investigados conseguían repatriar su dinero a China adquiriendo en España artículos de lujo para ciudadanos chinos, los cuales ingresaban el pago de dichos artículos en cuentas bancarias del país asiático titularidad de los residentes en nuestro país.
Liberación de 6 mujeres sometidas a explotación sexual
La organización contaba también con un chalet utilizado para la explotación sexual de compatriotas chinas, llevándose a cabo esta parte de la investigación por la Sección de Trata de Seres Humanos de UCO y consiguiéndose liberar a 6 mujeres de esa nacionalidad, las cuales vivían hacinadas todas juntas en una sola habitación en unas condiciones de salubridad bastante precarias y vigiladas por cámaras de seguridad las veinticuatro horas del día por sus explotadores, los cuales residían en otra parte del mismo chalet.
Estas mujeres han quedado bajo la tutela de una ONG, apoyadas en todo momento por intérpretes de su mismo idioma.
