La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación “Diximus” desarrollada contra la pesca furtiva de pescado inmaduro, ha detenido a 16 personas e investigado a otras 7, por delitos contra la fauna, la pesca furtiva de inmaduros con artes de pesca expresamente prohibidas, el tráfico comercial de productos pesqueros sin control sanitario, el agotamiento de la población de diferentes especies marinas y pertenencia a grupo criminal.
La operación se inició hace más de año cuando agentes del Seprona comenzaron a investigar a estas tres redes dedicadas a la pesca, distribución y venta de pescado inmaduro en la provincia de Málaga.
Las investigaciones revelaron que cada uno de los grupos desarticulados contaba con una media de 10 integrantes directamente implicados en labores de pesca, vigilancia, soporte logístico, distribución y venta al consumidor final del conocido como “chanquete”, denominación genérica que ha mutado con el tiempo para englobar a los alevines de múltiples especies.
Modus operandi
Estas tres redes delictivas tenían una estructura similar a la utilizada por otras dedicadas al narcotráfico, ya que estaban perfectamente jerarquizados y sus integrantes tenían una función específica dentro del grupo.
Realizaban la pesca entre la puesta y la salida del sol, dentro del Puerto de Málaga, y al abrigo del mismo en sus playas anexas. LLegaban a comprometer seriamente la seguridad de la navegación y el tráfico de buques, al no respetar las mínimas normas de la seguridad en el mar, ya que realizaban esta actividad sin luces y en lugares no permitidos, lo que obligaba a los buques a realizar maniobras para evitar colisionar con las embarcaciones que estos grupos utilizaban.
Los ahora detenidos e investigados pescaban de manera furtiva el codiciado “chanquete” (Aphia minuta) con redes expresamente prohibidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía desde el año 1988, denominadas “boliches”, por ser artes no selectivas, incapaces de discriminar especies y diseñadas para capturar ejemplares de muy pequeño tamaño. Así se daba captura a alevines de otras especies como el boquerón o la sardina, perjudicando seriamente el equilibrio biológico y los procesos de crecimiento de todas ellas.
Operación
Se han interviniéndose 16 redes prohibidas (boliches), algunas de ellas fondeadas en el lecho marino, para ocultarlas a la vista de posibles embarcaciones de la Guardia Civil que pasaran por el lugar, lo que obligó a la participación para su localización y extracción de agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.
También han intervenido 6 motores fueraborda, 5 generadores y 7 focos de luz (utilizados para atraer a los alevines a las redes durante la noche), 2 embarcaciones y se han puesto a disposición judicial 15 vehículos.
Los investigadores han localizado los locales donde ocultaban las artes y aparejos prohibidos, motores y demás material específico para cometer estos ilícitos, así como el lugar donde se atracaban las embarcaciones.
Con esta operación se ha desarticulado en su totalidad los tres grupos más activos en la pesca ilegal de chanquetes en la provincia de Málaga, aprehendiéndose todo el material (redes, generadores de luz, embarcaciones, etc), que utilizaban esta actividad ilícita.
Daño causado
Para cuantificar el daño que esta pesca furtiva ocasionaba, los investigadores han contado con la colaboración de científicos de instituciones como el Aula del Mar de Málaga o de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN en sus siglas en inglés). Estas instituciones alertan del grave peligro de desaparición que corre la especie “Aphia Minuta” si no se erradica la pesca indiscriminada de las costas malagueñas, así como del estrés desmedido al que se ven sometidas otras especies de góbidos por estas prácticas y el uso de artes ilegales.
También han contado con la colaboración de personal de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), por las posibles repercusiones para la salud de los consumidores que supone el empleo de grandes cantidades de formol, ya que los grupos criminales usaban sin ningún tipo de control este componente químico para la conservación de todas sus capturas. De hecho, los agentes han intervenido en los distintos registros efectuados más de 5 litros de este peligroso producto.
La valoración de los expertos sobre el perjuicio causado a los pescadores legales y a las lonjas oficiales, estima que la captura de 1 kilo de inmaduros supone la pérdida de 15 kilos de ejemplares adultos, que no podrán ser pescados y distribuidos por los canales legales.
Negocio lucrativo
La pesca y el consumo del chanquete, muy arraigado en las costas andaluzas, y durante años asociado a la cocina tradicional malagueña, ha supuesto un lucrativo negocio, que con las últimas restricciones y prohibiciones ha llegado a alcanzar importantes beneficios que asemejan la actividad ilícita de otros tipos delictivos, como el contrabando o el propio narcotráfico.
Las investigaciones han determinado que el precio medio al que se venía pagando el kilo de inmaduros era de 20 a 25 euros en el primer escalón, precio que se multiplicaba por cinco cuando llegaba al consumidor final, que pagaba en torno a los 20 euros por una ración de pescado de 150 gramos.
Una noche de capturas, cada uno de estos grupos podía poner a la venta hasta 100 kilos de pescado y obtener un beneficio de unos 2.500 euros. Con una media de cinco salidas a la semana, los beneficios mensuales podrían llegar, en los mejores casos, hasta los 50.000 euros.
El Seprona de la Guardia Civil advierte que la compra y consumo del pescado inmaduro implica un peligro indeterminado para la salud, pues se pesca, se manipula y se transporta en pésimas condiciones higiénico sanitarias, no se acredita la debida trazabilidad del alimento y supone la ingesta de pescado adulterado con productos como el formol, siendo éste un aditivo no autorizado.
Además esta actividad ilegal pone en grave peligro a las familias de las especies capturadas, genera un problema futuro para los caladeros e implica una competencia desleal hacia la flota pesquera que pesca de forma legal y con garantías para el consumidor.
