La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias preprocesales para determinar si los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre frente al cuartel de Travessera de Grácia (Barcelona), donde se produjo una de las diversas concentraciones organizadas por entidades independentistas, pueden ser constitutivos de un delito de odio.
Lo hace después de que la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), remitiera a principios de octubre un escrito en el que solicitaba que investigara los insultos, amenazas e intimidaciones contra los agentes y sus familias que se dieron esa jornada como consecuencia de las protestas por la detención de nueve integrantes de los Comités en Defensa de la República (CDR) por posesión de material explosivo para la presunta comisión de actos violentos. Como defendía la organización profesional, estas acciones podrían estar recogidas en el artículo 510 del Código Penal.
En una providencia fechada el pasado 23 de octubre y remitida a José Antonio Barona, presidente de la UniónGC, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acuerda el comienzo de estas diligencias y se las encarga a la Fiscalía Provincial de Barcelona “por ser la competente para su conocimiento”.
De esta forma, el ministerio público respalda la petición de la organización profesional de la Guardia Civil, que solicitó el esclarecimiento de los hechos y la práctica de una investigación para determinar los posibles delitos y su gravedad ante la alarma social generada entre los trabajadores y su entorno.
Ahora, está por ver si la Fiscalía respalda la tesis de UniónGC, que considera que los sucesos del 20 de septiembre, en los que se dirigieron soflamas y acciones intimidatorias contra la Guardia Civil, obedecen al llamamiento efectuado por los Comités en Defensa de la República con el fin de lograr movilizar a algunos sectores de la población de Cataluña para protestar contra las detenciones de los nueve sospechosos, a los que en estos momentos está investigando la Audiencia Nacional.
En este sentido, UniónGC también se incorpora a la acusación popular contra los arrestados, que ha aglutinado la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) en torno a su representación letrada, que ejerce el abogado José María Fúster-Fabra.
En aquel episodio frente al cuartel de Travessera de Gracia, la organización profesional aprecia un “fomento del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas”, como recoge el tipo penal. Ante casos como este, y después de que varios partidos políticos independentistas hayan pedido la salida de la Guardia Civil de Cataluña, UniónGC insiste en que es necesario designar a un fiscal especial “para que dirija la investigación y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas y entidades responsables de actividades delictivas, tanto de las descritas, como de las que puedan volver a repetirse en el futuro, tanto contra los miembros de la Guardia Civil como contra sus cuarteles y dependencias”, como se recogía en el documento enviado al ministerio público y que ahora tiene respuesta positiva.
