La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores valora la excepción ibérica de España y Portugal en materia energética aprobada hoy en Consejo de Ministros, tras un largo proceso que comenzó en el Consejo Europeo del pasado 25 de marzo y que necesitaba ser aprobado de manera previa por la Comisión Europea para que entrase en vigor de manera definitiva y el primer límite se reflejase en las subastas diarias de energía.
Una medida necesaria, que debería haberse aprobado antes y, por tanto, debe entrar en vigor de manera inmediata, que evitará la contaminación del precio de la electricidad por la subida del gas, reducirá el precio de la energía y aliviará la economía de los consumidores más vulnerables, de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de la industria. Ante el futuro escenario de fuerte volatilidad y subidas del precio del gas, permitirá la seguridad del suministro y, además, frenará la tendencia alcista del IPC.
Una medida extraordinaria que aún está incompleta
Para UGT, se trata de una medida extraordinaria, que entrará simultáneamente en vigor en toda la Península Ibérica (España y Portugal) y la aplicación del tope tendrá una duración de doce meses. Además, fija un techo máximo al precio del gas para las centrales de ciclo combinado, que son las que marcan el precio del resto de las tecnologías que producen electricidad. No será un precio fijo todos los meses, sino que empezará en 40 euros MW/h y subirá, gradualmente, sin sobrepasar los 48,8 euros.
Además, tendrá un efecto inmediato para los consumidores del mercado regulado que tengan contratado el PVPC, a los que les va a suponer un ahorro entre el 20% y el 40%, dependiendo del consumo de cada hogar. En el mercado libre, el efecto será progresivo, conforme se adecuen los contratos con la revisión anual, y dependerá de la decisión de cada comercializadora.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores lamenta, pese a todo, que el tope fijado se haya incrementado respecto a la propuesta inicial de 30€ MW/h; y considera que todavía hay margen de actuación, ya que es necesario desarrollar un nuevo modelo energético sostenible económico, social y medioambiental, modificar los límites tarifarios, y corregir el modelo de subasta marginalista por el que se pagan las energías más baratas al precio de las más caras.
