Como señalé en mi anterior artículo, Sánchez se ha arrodillado y claudicado ante su socio golpista, sedicioso, prevaricador, enemigo de España, el fugado Puigdemont. Entre otras concesiones, ya advertía que le traspasaría las competencias estatales exclusivas de inmigración, incluso ahora maniobra para impartir catalán en las Escuelas  Europeas y si no fuera poco Junts le ha impuesto a Sánchez que el terrorista yihadista Mohamed Houli, condenado a 43 años de prisión por los atentados de Barcelona y Cambrils, que causaron 14 muertos y más de cien heridos pudiera comparecer personalmente en el Congreso de los Diputados acusando al CNI de tener conocimiento previo de las intenciones del imán, todo ello como nuevos peajes al prófugo y prevaricador Puigdemont. Todo vale para perpetuarse en el poder en compañía de sus adláteres. Algunos pasa de ser los sin techo a nuevos ricos corruptos,, poniendo patas arriba, todo al revés, de cómo debería de estar o ser España.  En estas más que lamentables circunstancias, algunos lo llaman democracia híbrida- régimen democrático por fuera, régimen totalitario por dentro-, pero yo prefiero llamarle por su nombre, dictadura del populismo socialcomunista.

Ahora, analicemos el plan de Sánchez con la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña que supone despedazar las competencias exclusivas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta Comunidad Autónoma. Supone una auténtica violación del orden constitucional. A tal respecto, las intenciones de Sánchez son que la Policía Nacional y la Guardia Civil dejen de tener la competencia exclusiva en materia de inmigración y extranjería. Como han dicho los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil “Están dejándonos morir”. En efecto, en Cataluña se está produciendo un vaciamiento de competencias y una disminución de plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional como  consecuencia de las negociaciones del Gobierno y Junts, que exige la expedición de los NIE en Cataluña, reservándose así la posibilidad de expulsar a quien considere oportuno, control de fronteras a los Mossos, así como que asuman las competencias totales de inmigración, que serían de momento los peajes para que Junts aprobara los Presupuestos del Estado. De consumarse esta infamia constituiría, no sólo una invasión de las competencias exclusivas del Estado en inmigración, sino una voladura en toda regla de la Constitución.

En este sentido, la Policía Nacional pierde en Cataluña cada año 300 componentes y la Guardia Civil ha perdido más 600 agentes desde el 2017, mientras Marlaska e Illa planean que los Mossos alcancen la cifra histórica de 25.000 efectivos. Es decir, más de un tercio de la policía nacional en toda España. Como bien dicen los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil  son una moneda de cambio para consumarse los pactos políticos, para que Sánchez siga en la poltrona. Recordemos que ya lo hicieron con las competencias de tráfico, después con la seguridad ciudadana que era de la Policía Nacional y/o de la Guardia Civil según la densidad de población. Ahora el control de fronteras y todas las competencias en inmigración, salvo que lo eviten los Tribunales de Justicia.   

Precisamente, un informe jurídico del SUP, con el que coincido plenamente, señala que el traspaso de competencias sería contrario a la Constitución y podría derivar en sanciones de la UE contra España. El artículo 149.1.2ª de la CE señala que “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. A pesar de ello, el Gobierno pretende escudarse en el artículo 150.2 CE que dice que “El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Pero, el Gobierno trata de ocultar que el Tribunal Constitucional de España ha hecho una interpretación muy restrictiva de dicho precepto, hasta ahora en cuatro sentencias, estableciendo que no pueden transferirse competencias estatales exclusivas cuando estas afecten a la soberanía y a la unidad del Estado, como es el caso de la inmigración. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en contra de esta interpretación que trata de aplicar el Gobierno de España. También la Directiva de la CE 2008/115 establece que “deben aplicarse de manera uniforme”, por lo que Cataluña no podría tener una normativa diferenciada en materia de inmigración.

Más aún, como dice Fernando Lázaro en el diario El Mundo, los Mossos han alertado que ceder la inmigración puede crear el caos y que nunca han reclamado esta competencia del Estado. Ni siquiera en el acta de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada el pasado 5 de diciembre consta alguna referencia sobre la policía migratoria por parte de los Mossos. 

No obstante, todo lo antedicho, el PSOE está negociando con Puigdemont el llamado modelo de Baviera la “cogestión de fronteras”, y la Consejera de  Interior de la Generalitat, Nuria Parlón ha asegurado que los Mossos d´Esquadra asumirán el control de la seguridad en puertos y aeropuertos a partir del próximo mes de septiembre con la incorporación de nuevos agentes en las próximas promociones teniendo como objetivo que la plantilla llegue a los 25.000 efectivos en 2030.

Entonces, si esta nueva tropelía anunciada a bombo y platillo se cumple como los hechos anticipan, una vez más, no puede hablarse de España como un Estado de Derecho, en un país que a cambio del apoyo de un golpista, y prevaricador fugado de la justicia, Puigdemont, el Gobierno no cumple la ley de leyes, la Constitución. Estaríamos en una dictadura del populismo que no sólo quiere acabar con la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, sino con la propia democracia constitucional. Si seguimos así, nos convertiremos en una tiranía si ya no lo somos   

Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado