El proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana criminaliza a los policías, además de poner en riesgo a los agentes y sus familias. Desde el sindicato policial SUP rechazan rotundamente un acuerdo que agudiza la situación de desamparo institucional que sufren los policías.
El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone en la práctica maniatar a los policías en su trabajo con el perjuicio evidente para toda la sociedad española.
Desde este sindicato policial remarcan que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana en sus principales conceptos, deja “vendidos” a los policías. Se trata de una retahíla de propuestas irracionales, algunas de imposible cumplimiento, que coartan la operatividad de la policía y ponen en riesgo a los agentes. Todo, en un momento tan complicado como el actual, en una situación de excepcionalidad sanitaria y con un incremento de agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En lo referente al orden público, permitir que se celebren manifestaciones “espontáneas”, sin comunicarlas previamente ni advertir sus recorridos, atenta contra las libertades del resto de ciudadanos y pone en peligro a los policías obligados a intervenir.
Desde el SUP remarcan que para colmo, “la limitación del uso de material antidisturbios, como el uso de pelotas de goma, anula su función disuasoria frente a los violentos y deja indefensos a los policías y de paso a los ciudadanos”. Igualmente, suprimir la prohibición de grabar y difundir sin autorización imágenes de policías en su trabajo diario, supone un riesgo evidente para los agentes y sus familias, como ya ha quedado demostrado en alguna ocasión.
La reducción de infracción grave a leve de la posesión de sustancias estupefacientes, es una decisión poco acertada que probablemente sirva de efecto llamada al consumo de drogas. Pero, además, los cambios en la Ley, rebajan el concepto de presunción de veracidad del atestado policial sobre la versión de los infractores. Se equipara la palabra de un policía a la del delincuente que acaba de detener. Las novedad de multar a los infractores según la capacidad económica del mismo, no sólo es discriminatorio para los ciudadanos, acaba con la capacidad coercitiva de las multas y otorga impunidad a los infractores que hallen la manera de justificar una situación económica menos holgada que otros.
Igualmente, con el nuevo proyecto del Gobierno, los policías pasan a realizar labores de “taxistas”, al reducir a dos horas las seis horas disponibles para identificar en comisaría a los indocumentados. Es una propuesta inviable, que no tiene en cuenta la carga de trabajo y los policías disponibles en comisaría para atender esas tareas administrativas. Además de no disponer de tiempo material para cumplirlo, obligará a retirar a policías destinados a tareas más relevantes para que hagan de taxistas para los indocumentados.
En resumen, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno con la ayuda de sus socios, perjudicará el trabajo policial creando inseguridad jurídica en los agentes, además de abrirle las puertas del campo a los violentos.
Desde el SUP, en defensa de los policías, pero también de las libertades y el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos, exigen que el Gobierno dé marcha atrás en sus intenciones de desguazar la Ley de Seguridad Ciudadana vigente.
Son unos delincuentes, de ahí q promulguen leyes a favor de los suyos. La izquierda tiene un amor incuestionable por quienes delinquen, a las pruebas me remito.