Nuevamente sindicatos y asociaciones policiales denuncian un hecho contrastado, como es el aumento de la criminalidad en España, el Gobierno intenta no hacer referencia a ello sin darle publicidad, es una manera de esconder o tapar lo que no interesa. Mientras los primeros piden medidas legislativas y más medios humanos y materiales para hacer frente a esta realidad silenciada, desde el Ministerio del Interior que dirige el Sr. Marlaska no se anuncian medidas para atajar el crecimiento de la delincuencia en nuestro país.
Pero la estadística publicada desde la pagina del Ministerio del Interior señala que toda la criminalidad ha subido en España en el primer trimestre de 2023 si es comparada con el mismo periodo de tiempo del año 2022. El total de infracciones penales en este trimestre han pasado de 549.298 a 588.785, lo que supone una subida de un 7,2%.
Los homicidios y asesinatos han subido a nivel nacional más de un 13%, los secuestros se han disparado un 161%, los delitos contra la libertad sexual han crecido casi un 17% en su conjunto, aumentando las agresiones con penetración, y el resto de delitos como son los robos de coches, robos con violencia, robos en domicilios o establecimientos, hurtos, tráfico de drogas, etc, no cesan de crecer.
Llama la atención esta subida, ya que en el transcurso de 2022 desde el Ministerio del Interior se hacía referencia a la pandemia para dar explicación al crecimiento de la criminalidad y señalar al periodo pandémico como no válido a nivel comparativo, pero ahora ¿Cuál será la excusa?.
Está claro que las cifras dan la razón a las organizaciones policiales que avisaban de la necesidad de nuevas leyes más duras y contundentes, que la Ley del sólo sí es sí era un gran atraso legislativo en materia de penas, y que ahora se deberán asumir las consecuencias de la misma con la reducción de penas y puesta en libertad de delincuentes, así como la intención de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la principal arma policial para luchar contra la criminalidad, es considerada una barbaridad que pone a nuestro país en manos de los delincuentes.
Mas que nunca se hace patente la necesidad del cambio del marco legislativo y modelo policial para luchar contra una criminalidad creciente, así como la admisión de responsabilidades por los gestores actuales quienes fueron avisados con tiempo de esta tendencia delincuencial, y ceses y dimisiones sería de esperar dentro de un marco democrático donde se deben asumir las consecuencias del trabajo realizado.
