Por Silvina Rodríguez León, criminóloga y analista internacional en ciberdelincuencia y ciberdelito.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de enero de 2025. España se enfrenta a un crecimiento alarmante en la ciberdelincuencia, un fenómeno que pone en riesgo no solo su infraestructura crítica, sino también su estabilidad política y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Este reto, que ya no puede ser ignorado, requiere medidas integrales para garantizar la seguridad digital y fortalecer la resiliencia del país frente a estas amenazas.
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo los ataques cibernéticos han paralizado servicios esenciales. El ciberataque al SEPE en 2021 y la infiltración del software espía Pegasus en dispositivos de alto nivel evidencian la magnitud del problema. Además, las campañas de desinformación electoral han expuesto la vulnerabilidad de nuestra democracia ante actores que explotan el ciberespacio para desestabilizar el sistema político.
El alarmante aumento de los ciberataques
Desde 2010, el número de ciberataques reportados en España ha crecido exponencialmente, pasando de apenas 200 incidentes en ese año a más de 6.000 en 2024. Este incremento refleja la urgencia de implementar medidas eficaces para frenar esta tendencia y proteger tanto a las instituciones como a los ciudadanos.
Los principales orígenes de los ciberataques también son un dato revelador: China encabeza la lista con un 30% de los ataques, seguida de Rusia (25%), Estados Unidos (15%), Irán (10%) y Corea del Norte (5). %). Un 15% adicional proviene de otras regiones, lo que evidencia la naturaleza global y diversificada de estas amenazas.
Retos fundamentales para España
El panorama actual revela que España enfrenta tres grandes desafíos:
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Legislación insuficiente: La falta de una Ley Integral de Ciberseguridad limita nuestra capacidad para responder eficazmente a amenazas emergentes como el ransomware o la manipulación de información.
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Coordinación internacional débil: Aunque somos miembros activos de la Unión Europea y la OTAN, debemos asumir un liderazgo más destacado en iniciativas globales de ciberdefensa.
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Baja conciencia ciudadana: La falta de educación en seguridad digital nos deja expuestos a ataques básicos que podrían prevenirse con conocimientos fundamentales.
Propuestas estratégicas: un enfoque integral
El camino hacia una España más segura en el ámbito digital comienza con acciones concretas:
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Reforma legislativa: Necesitamos aprobar una Ley Integral de Ciberseguridad que contempla sanciones específicas y protección de infraestructuras críticas. Es crucial también utilizar herramientas regulares de vigilancia como Pegasus, garantizando la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.
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Fortalecimiento de capacidades nacionales: La creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad Operativa permitirá coordinar respuestas efectivas a nivel estatal. Además, los simulacros regulares de ciberataques en instituciones públicas serán esenciales para estar preparados.
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Educación y concienciación: La alfabetización digital debe ser un pilar en la formación de nuestros jóvenes. Según los datos, un 25% de las estrategias propuestas deben enfocarse en la educación y concienciación ciudadana, incluyendo campañas de sensibilización y capacitación de funcionarios públicos.
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Colaboración internacional: La cooperación con la UE y otras regiones debe fortalecerse. Un 20% del esfuerzo estratégico debe destinarse a construir alianzas globales y compartir recursos e inteligencia.
Una visión para el futuro
El desafío de la ciberdelincuencia es una oportunidad para España. Liderar con determinación y estrategia puede convertir al país en un modelo global de ciberseguridad democrática.
“Este no es solo un problema técnico; es un compromiso político y social que exige nuestra atención inmediata”, concluyo, convencida de que, trabajando juntos, podemos crear un entorno digital más seguro y justo para todos.
