La CEP denuncia el desprecio de Interior a los policías retirando condecoraciones para entregárselas a personal ajeno al Cuerpo

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La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el nuevo y grave desprecio del Ministerio del Interior a los policías nacionales, a los que ha quitado 641 condecoraciones para concederlas este año a personal ajeno a la Policía Nacional, en una decisión conocida hoy y que supone perpetuar una práctica absolutamente ofensiva para los profesionales de la seguridad pública, que hurta a cientos de compañeros/as la posibilidad de que se reconozcan servicios excepcionales en los que su vida o integridad física ha corrido riesgos evidentes o bien aquellos otros en los que se ha infligido un severo daño a las redes de crimen organizado o terrorismo.

Con este nuevo desprecio, Interior acumula ya desde 2018 hasta 5.896 medallas y cruces al mérito policial entregadas a personas ajenas a Policía Nacional, cifra que se eleva hasta las 7.463 en la última década y que perpetúa una práctica que genera rechazo unánime en el seno de nuestro Cuerpo.

En este sentido, CEP lleva años denunciando esta práctica y reclamando que el departamento que dirige el ministro Grande-Marlaska impulse -como se ha comprometido a hacerlo en alguna ocasión, faltando a esa palabra- una reforma integral de la Ley de Condecoraciones que, en vigor desde hace seis décadas y aprobada en plena dictadura, con un doble objetivo: de una parte, poder disponer de una norma objetiva, transparente, justa y moderna que impida cualquier decisión polémica en la concesión de condecoraciones; de otra, crear nuevas cruces o medallas exclusivamente dirigidas a personal ajeno a Policía Nacional, de tal forma que ni una sola que tenga un carácter policial sea hurtada a quienes realmente son los destinatarios prioritarios de esos reconocimientos profesionales.

Y es que el ministro afirmó en el Congreso de los Diputados, durante su comparecencia en la Comisión de Interior el 23 de enero de este año para presentar las líneas de trabajo de su departamento, que “una de nuestras prioridades es una nueva ley de condecoraciones para Policía y Guardia Civil (…) porque son leyes preconstitucionales”. Ocho meses después de aquel compromiso no se ha iniciado un solo trámite para convertir en realidad ese proyecto normativo.

Pero la aprobación de las condecoraciones policiales de este año por parte del Ministerio del Interior va a suponer, además, cronificar una costumbre que CEP ha venido tumbando en los tribunales durante años y que supone regalar una Medalla de Plata -la máxima condecoración que puede recibir un policía en vida, con una pensión del 15% del sueldo del funcionario- a determinados mandos que se han jubilado o que están a punto de hacerlo. Este año serán once los comisarios principales beneficiados por esta polémica medida, amplia y unánimemente rechazada en la Policía Nacional, a falta de que se publique la Orden del ministro del Interior que las aprueba en las próximas horas. Entre ellos se encuentran dos subdirectores generales, un jefe de División y varios comisarios generales y jefes superiores.

De esta forma, Interior ignora las sentencias de diferentes órganos judiciales de la Audiencia Nacional – tanto unipersonales como de la propia Sala de lo Contencioso Administrativo- que han venido anulando las Medallas de Plata concedidas otros años y el ministro decide avalar, con su firma, una decisión que ha supuesto ya, en el periodo comprendido entre 2019 y 2024, la tramitación de 35 condecoraciones pensionadas de este tipo.

CEP, como ha hecho ya otros años, recurrirá en los tribunales esta decisión porque no sólo ofende gravemente al conjunto del Cuerpo sino que supone un intolerable desprecio a actuaciones policiales en las que los compañeros, al contrario que los mandos a los que se propone ahora para una Medalla de Plata, sí se han jugado la vida en la calle. Esa ofensa es especialmente intensa cuando entre los agraciados se encuentran este año mandos vinculados al ámbito de la gestión, muy alejados de cualquier riesgo operativo, como el Jefe de la División de Personal o su superior, el subdirector general de Recursos Humanos y Formación.

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