Y el Secretario General de Instituciones Penitenciarias de quién depende, diría Sánchez, pues eso, del Gobierno. El que permitió esta tropelía, en contra del criterio mayoritario de los técnicos de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión de El Dueso (Cantabria), ya que no se fiaban de su recuperación, ni de su reinserción en la sociedad, además de que Francisco Javier Almeida (con dos condenas por asesinato y agresiones sexuales) no ofrecía las mínimas garantías.
Es el mismo que permitió que a este asesino reincidente, psicópata, (aunque aseveran que no tiene patología mental), se le concediera el Tercer Grado, paso previo para luego otorgarle la Libertad condicional, sin control real de su seguridad como luego veremos. La decisión final fue del Secretario General de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz González, que revocó ese criterio técnico que proponía su denegación. Y, repito, sin ese tercer grado nunca habría logrado la libertad condicional. No habría podido asesinar a esa criatura indefensa.
Pues bien, esa conducta, que incluso podría considerarse prevaricadora, supone la Responsabilidad Patrimonial del Estado, que ha permitido que a un asesino se le haya dado una nueva posibilidad de asesinar arrancándole la vida a una criatura indefensa. La vida del pequeño Alex ya no se le puede devolver, pero su familia tiene derecho a que se le devuelva su dignidad maltratada, aunque desde luego no ayuda el propio comportamiento del Ministro Marlaska, que unos días después del espantoso crimen se trasladó a Logroño para acudir al Congreso del Partido Socialista y no tuvo siquiera unos minutos para acudir a Lardero, situada a cinco quilómetros, aunque solo fuera para darle el pésame a la familia y consolarla en momentos tan difíciles. Es incomprensible e indigno.
Pero, quienes sí denunciaron abiertamente el fracaso de Instituciones Penitenciarias fueron sus propios sindicatos mayoritarios Acaip-UGT y CSIF revelando las graves carencias del sistema penitenciario español que han conducido al episodio irreversible del incruento asesinato de Alex, criticando duramente la concesión del tercer grado en contra del criterio mayoritario de la Junta de Tratamiento, llegando a decir que “ese asesinato es el fracaso de la institución penitenciaria”, además de reconocer que en los 18 meses de la libertad condicional que disfrutó Francisco Javier Almeida “no existió seguimiento directo y continuado”, dado que se carece de la figura del agente de la libertad condicional. En España no se encuentra regulada como sí está recogida en otros países.
El propio Ministerio reconoció que los agentes que revisan estas libertades no existen. Y, precisamente, el portavoz del sindicato mayoritario Acaip manifestó que “Es surrealista que se realicen funciones sobre puestos de trabajo que no existen. Si quieren que se trabaje en determinadas líneas, hay que crear los puestos con fondos y profesionales adecuados y la retribución necesaria”.
Mientras, el propio Secretario General de Instituciones Penitenciarias, subordinado del Ministro Marlasca, alardeó recientemente de que se había incentivado económicamente a los funcionarios de prisiones con los pluses de productividad para conceder a los presos el tercer grado, que es una forma de fomentar las excarcelaciones y vaciar las cárceles, como ha dicho Pedro J. Ramírez. Realmente, lo que hay que proteger es la imparcialidad técnica de los funcionarios de prisiones y proporcionarles las herramientas necesarias para cumplir su función. Los funcionarios nunca deberían cobrar pluses o bonus por realizar el trabajo que tienen encomendado, pero lo que no pueden es ejecutar una labor que no se encuentra regulada legalmente.
Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado
