JUCIL resalta que reclama el cumplimiento de este compromiso y que la brecha entre lo que cobra un mosso d’esquadra o un ertzaina con relación a un policía o un guardia civil es hoy “todavía muy importante”
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha logrado que la Administración de Justicia reclame al Ministerio del Interior el expediente con todas las actas, informes de auditorías, así como cuanta documentación de relevancia se confeccionó y aprobó en las reuniones celebradas durante el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado el 18 de marzo de 2018 entre el Ministerio y los representantes entonces de los sindicatos policiales y las asociaciones existentes en ese momento en la Guardia Civil.
La petición del expediente, ahora a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, hace especial hincapié en que se remitan al juzgado muy especialmente las actas de las reuniones previas al acuerdo “relacionadas con la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de policías autonómicas; así como el resultado de la Consultoría externa que se comprometió la Secretaría de Estado de Seguridad a contratar”, indica la petición.
Una información eludida desde el Portal de Transparencia
JUCIL reclama desde hace más de un año la entrega de esta información, una petición que no ha encontrado apenas respuesta en el Ministerio del Interior. “JUCIL nace meses después de la firma de estos acuerdos y precisamente por el desasosiego y el malestar creado entre los guardias civiles al comprobar que aquella prometida equiparación de salarios con otros cuerpos policiales no ha sido real” explica el secretario general de la asociación profesional, Ernesto Vilariño. “Como esta asociación no existía en aquel momento hemos solicitado las actas y el resto de información para comprobar qué se ha cumplido y qué se firmó por parte de los entonces representantes de los guardias civiles”, agrega Vilariño
Recurso ante los tribunales
Ernesto Vilariño explica que “solo al final del proceso administrativo de más de un año, hemos acudido al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo para que sean los tribunales quienes reclamen estos expedientes, podamos conocerlos y, a partir de ahí serán nuestros servicios jurídicos quienes decidan si iniciamos una demanda por los incumplimientos que consideramos que se han producido y que perjudican a miles de guardias civiles y de policías nacionales”.
Precisan cómo desde hace más de un año han solicitado que se les entregue esta información por parte del Ministerio de Interior. “Al menos en cinco ocasiones hemos solicitado esos datos”, apunta el secretario general. Fue a finales de 2021 cuando se presentó la solicitud inicial de todas las actas ante el Ministerio del Interior. Transcurridos dos meses, en marzo de 2022 y ante el silencio del ministerio, JUCIL presentó una reclamación con carácter potestativo a la que tampoco contestaron. En julio de ese año se elevó una solicitud de expedición de certificado de silencio administrativo que tuvo respuesta a través de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se informó que la solicitud inicial había sido resuelta supuestamente mediante una resolución expresa en el Portal de Transparencia. Este procedimiento se ha repetido de nuevo hasta que a finales del año pasado se decidió la interposición de un recurso ante el Juzgado Central contencioso-administrativo. El tribunal ha decidido así solicitar a la Administración pública la entrega del expediente reclamado por JUCIL.
