La Asociación JUSAPOL, que engloba al sindicato JUPOL, mayoritario en Policía Nacional y a la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, también mayoritaria en la Benemérita ha mostrado su hartazgo por las continuadas mentiras, engaños y desprecios del Ministerio del Interior hacía los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y ha decidido retomar el calendario de movilizaciones con una concentración que se celebrará el próximo 8 de febrero frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid.
Una concentración que supondrá el inicio de nuevas movilizaciones y acciones en la lucha por la mejora de las condiciones laborales de policías nacionales y de guardias civiles y a las que abren la mano a todos los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, para hacer un frente común contra las desigualdades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contra los engaños reiterados y los desprecios de la Administración a sus policías nacionales y guardias civiles.
Desde JUSAPOL, su presidente Miguel Gómez asegura que ya son muchos años los que los policías nacionales y guardias civiles llevamos aguantando las mentiras y los engaños de la Administración en prácticamente la totalidad de las acciones que se llevan han llevado a cabo desde los diferentes Gobiernos de España en relación a las condiciones de trabajo de los policías nacionales y de los guardias civiles.
La última mentira, ha relatado el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, se ha materializado esta misma semana con el acuerdo alcanzado entre el PSOE y los partidos independentistas socios de su Gobierno, que han pactado la inclusión en la polémica Ley de Amnistía de todos los delitos por los que estaban siendo juzgados e incluso habían sido condenados los independentistas, dejando solo fuera de esta Ley los delitos por los que los propios independentistas han denunciado a los policías nacionales que acudieron a Cataluña a defender la unidad de España y proteger el orden constitucional, cumpliendo órdenes de los Gobiernos de España en esos años y un mandato judicial.
Rivero asegura que con este acuerdo “queda en evidencia que el ministro del Interior nos ha vuelto a mentir en el último Pleno Extraordinario del Consejo de Policía, en el que aseguró que ningún policía quedaría inmerso en un proceso judicial por las actuaciones policiales en Cataluña el 1-O de 2017 y por los disturbios producidos tras la sentencia del procès en 2019. Unas promesas que tan solo unos días después han quedado en papel mojado por los acuerdos entre PSOE y Junts”.
Desde JUPOL rechazamos esta Ley de Amnistía y además tenemos claro que los policías nacionales no deberían entrar en la misma, ya que esto no sería más que igualar a los policías que defendieron la Ley, la Constitución y la Unidad de España, con los sediciosos y delincuentes que intentaron dar un Golpe de Estado y que según la Justicia cometieron diversos delitos entre ellos algunos tan graves como el terrorismo, que ahora pretenden blanquear desde el Gobierno.
Tanto, JUSAPOL, como JUPOL y JUCIL han mostrado desde el primer momento su repulsa a la Ley de Amnistía que aseguran “supone una falta de respeto para los miles de policías nacionales y guardias civiles que tanto en 2017, como en 2019 se desplazaron a Cataluña para hacer cumplir la Ley y proteger la unidad de España ante la celebración de un referéndum ilegal por parte de los independentistas catalanes”. Una Ley añaden que “demuestra que no sirvió de nada el trabajo de los policías esos días en Cataluña, desprecia y abandona a los cientos de agentes heridos y a los tres policías nacionales que han jubilado a causa de las lesiones sufridas y las semanas e incluso meses que miles de agentes pasaron alejados de sus familias en condiciones lamentables”.
Por otro lado, desde JUSAPOL indican que esta mentira se suma a las que desde el Gobierno de España vienen haciendo de manera continuada en relación a las condiciones laborales y económicas de los policías nacionales y de los guardias civiles, a los que la Administración sigue negándoles la Equiparación Salarial con las policías autonómicas, la Jubilación Digna y el reconocimiento de su trabajo como una profesión de riesgo.
Gómez asegura que los diferentes Gobiernos llevan años prometiendo en elecciones la Equiparación Salarial y después negándola en cuanto llegan a Moncloa. Este Ejecutivo prometió en campaña estas medidas y cuando llegó al Gobierno su primera medida fue vetar la Iniciativa Legislativa Popular de JUSAPOL para la Equiparación. Un veto que según palabras del propio Marlaska se hizo “con mucho pesar”, pero a lo cual no han puesto solución en toda su anterior legislatura y por lo que parece en esta tampoco va a ser así.
Para JUSAPOL no es tolerable que en España existan policías de primera y de segunda y sitúa la diferencia retributiva actual en favor de las policías autonómicas en un 20 por ciento en el salario, un 61 por ciento en las pagas extra y un 32 por ciento en las pensiones de jubilación, a lo que se suma que las policías autonómicas y locales pueden jubilarse a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, algo vetado a día de hoy a los policías nacionales y guardias civiles.
El presidente de JUSAPOL ha puesto además de manifiesto otra de las mentiras del ministro del Interior en la última Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, donde manifestó, como ya ha hecho en otras ocasiones, que su Gobierno ha llevado a cabo un avance en la Equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con una subida salarial del 38%. Unos datos que para nada corresponden con la realidad de la Equiparación Salarial, ya que en ese incremento se incluyen también los porcentajes del 15% de incremento a todos los funcionarios, también a las policías autonómicas, por lo que asegura Gómez, con estas subidas no se ha hecho más que incrementar la brecha salarial existente, al ser una subida para todos los funcionarios y contar de manera previa de una masa salarial superior los policías autonómicos.
Por su parte desde JUPOL, Aarón Rivero asegura que “lo necesario para culminar la Equiparación Salarial de policías nacionales y guardias civiles con policías autonómicas es voluntad política de un Gobierno que quiera cumplir realmente con la igualdad entre cuerpos policiales” y ha añadido que “es necesario plantear de nuevo una auditoría que cuantifique de manera real las diferencias salariales existentes, impulsar una Ley que garantice que no se vuelvan a producir desigualdades y afrontar las cinco brechas salariales que actualmente existen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas”.
Mientras tanto desde JUCIL, su secretario general, Ernesto Vilariño afirma que “los guardias civiles y policías nacionales solo pedimos igualdad y no palabras vacías de contenido cuando el gobierno sigue negando con sus acciones un mismo salario por un mismo trabajo una jubilación digna y en las mismas condiciones y garantías que nuestros compañeros de las policías autonómicas”.
