La asociación aplaude la postura común de blindaje policial en ambos lados de la frontera e incide en que esta batalla no la puedan ganar las mafias que se benefician de la angustia de miles de migrantes. Para JUCIL la seguridad de nuestras fronteras es un tema de Estado y su control debe estar garantizado por quienes tienen la obligación constitucional de hacerlo
JUCIL reitera su petición al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que reclame de Marruecos una mayor colaboración en el control fronterizo y en la lucha contra las mafias que trafican con drogas y personas
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) recuerda públicamente al Gobierno de España la obligación constitucional de proteger las fronteras del país y denuncia la falta de recursos y apoyo que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de llevar a cabo esta labor. La asociación resalta el esfuerzo y profesionalidad que han demostrado a lo largo de este domingo las fuerzas de seguridad que se encuentran en máxima alerta en Ceuta, tras recibir información de un posible asalto a la frontera, lo que ha obligado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a cancelar permisos y reforzar su presencia en la ciudad autónoma, en un intento por controlar la llegada masiva de inmigrantes irregulares.
JUCIL pidió hace semanas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que viaje con urgencia a Marruecos para exigir una mayor colaboración del país vecino en el control de las fronteras. La asociación también reclama la entrega a España por parte de Marruecos del presunto autor del asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate en el mes de febrero pasado. Este trágico incidente subraya, una vez más, la peligrosidad de las mafias que operan en la zona, traficando tanto con personas como con drogas.
“El Gobierno tiene la obligación constitucional de defender nuestras fronteras, y en estos momentos, la entrada irregular de inmigrantes a través de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias sigue siendo un problema que no se ha resuelto adecuadamente, lo irregular no cabe en el Estado de Derecho” afirma el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal, quien precisa que, en los últimos meses, JUCIL ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de una política clara y efectiva por parte del Ejecutivo en relación con la inmigración irregular.
El ejemplo de Europa
“En países como Alemania, Italia, Polonia o Hungría ya han adoptado políticas firmes para rechazar a los inmigrantes que no cumplen con los requisitos de entrada legal. España no puede quedarse atrás, especialmente cuando nuestras fronteras son las puertas de entrada a la Unión Europea”, indicó Leal. Asimismo, recordó las recientes palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciadas durante su visita a países africanos: “La migración no es un problema, sino una necesidad que implica ciertos problemas. La migración ordenada nos conviene a todos, porque ayuda a frenar el uso de la migración irregular como pretexto para el odio”. Sánchez también destacó la importancia de la colaboración con países de origen y tránsito para combatir a las mafias que explotan a los migrantes.
Propuestas para mejorar el control de las fronteras
JUCIL ha planteado en repetidas ocasiones medidas concretas para reforzar el control de la frontera sur de Europa, especialmente en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como en las costas que reciben a las pateras que llegan desde África. Entre las principales propuestas se encuentran: un mayor número de efectivos para la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en estas zonas, el incremento de medios tecnológicos como cámaras de vigilancia, drones y sensores, y una mayor colaboración con las autoridades de Marruecos y otros países del norte de África para interceptar las redes de tráfico de personas, controladas por mafias que se lucran con el sufrimiento de los migrantes.
La situación en Ceuta y Canarias no es nueva, pero está empeorando ante la falta de soluciones efectivas por parte del Gobierno. “No podemos permitir que las mafias sigan controlando el flujo de inmigrantes hacia España. La seguridad de nuestras fronteras es un tema de Estado, y su control debe estar garantizado por quienes tienen la obligación constitucional de hacerlo”, asegura Agustín Leal.
