La asociación profesional mayoritaria entre los integrantes de este Cuerpo señala que el Alto Tribunal ha puesto de manifiesto las “graves y reiteradas ilegalidades de quienes debían ser ejemplo del cumplimiento del ordenamiento”
JUCIL pide a Marlaska, Robles y Marcos que reconsideren su actitud y den curso a las llamadas a la objetividad, eficacia y transparencia que se reclaman las distintas sentencias que jalonan este proceso
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil JUCIL expresa su preocupación por las repercusiones que sobre todo el Cuerpo de la Guardia Civil puedan tener las evasivas que tanto el director general del Cuerpo, Leonardo Marcos, como el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y de la titular de Defensa, Margarita Robles, han realizado hasta ahora del contenido de la sentencia que recaídas en el llamado caso ‘Pérez de los Cobos’. JUCIL lamenta que las máximas autoridades que dirigen la Guardia Civil hayan sido señaladas por el Tribunal Supremo en siete sentencias como responsables de “irregularidades continuadas”. El Alto Tribunal ha calificado en varias sentencias la actuación de Interior y del director general de la Guardia Civil como “graves irregularidades” y “defectos esenciales” que han privado a Pérez de los Cobos de la posición preferente que le correspondía en el ascenso a general.
Con pronunciamientos del más alto tribunal
JUCIL recuerda que el caso se originó cuando el coronel fue cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por cumplir una orden de absoluta reserva impartida por una magistrada en una investigación penal. El cese fue anulado por el Tribunal Supremo, que calificó la actuación de Interior como una “grave ilegalidad contraria a la función de la Policía Judicial”. El Supremo ha señalado en reiteradas ocasiones que el cese y la modificación del procedimiento de evaluación para el ascenso de Pérez de los Cobos afectan a la objetividad, eficacia y transparencia que deben regir en la Guardia Civil. “No se ha explicado por qué se modificó el procedimiento seguido por el Consejo Superior de la Guardia Civil y no se ha justificado la preferencia por el coronel ascendido sobre el recurrente”, dice el Supremo.
JUCIL resalta que esta contundente afirmación, que implica a personas cuyo único mandamiento como autoridades debe ser el respeto a la ley, solo sirvió para que aquéllas volvieran a ser advertidas, en tres nuevas sentencias, de que aquél ilegal cese unido a la modificación del procedimiento de evaluación para el ascenso tenía una evidente incidencia en las irregularidades advertidas que eran “más que meras infracciones formales o procedimentales, y exigía al director general que informara si el cambio del procedimiento en perjuicio del coronel Pérez de los Cobos era conforme a los principios de objetividad, eficacia y transparencia, y a que el Ministerio de Defensa, oído el Ministerio del Interior, hiciera una propuesta de ascenso en la que se valorara la prelación e idoneidad de los evaluados, en especial, respecto de Pérez de los Cobos. Tanto el director general, como el ministro del Interior y la ministra de Defensa hicieron caso omiso a lo ordenado por el Tribunal Supremo.
Obligados a cumplir y a hacer cumplir la ley
“Resulta muy perturbador que los autores de este cúmulo de irregularidades expresamente señaladas por el Tribunal Supremo sean las máximas autoridades que dirigen la Guardia Civil: su director general y los ministros de Interior y Defensa. Los dos últimos, jueces de carrera”, explica la portavoz de JUCIL, Milagros Cívico. “JUCIL, como asociación mayoritaria en la representación de los guardias civiles, que tiene como una de sus principales funciones la defensa de los derechos profesionales de sus asociados, reclama de los máximos responsables del Cuerpo, en este caso de los ministros de Interior y Defensa y del director general que atiendan los pronunciamientos del Tribunal Supremo y no eludan por más tiempo el cumplimiento de estas sentencias”, añade Cívico.
“Los guardias civiles estamos obligados a cumplir y a hacer cumplir la ley. Estamos obligados a sancionar a cualquier ciudadano cuando contraviene la legalidad vigente y, por supuesto, somos sancionados si vulneramos el ordenamiento jurídico. Como debe ser. Resultaría inadmisible que nuestros más altos responsables políticos incumplieran de forma consciente y reiterada la legalidad. Lo dice nada menos que el Tribunal Supremo” añade la portavoz de JUCIL.
