La asociación profesional que defiende los intereses laborales y sociales de los guardias civiles afirma que el acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana incluye cambios que debilitan la capacidad de los servidores de la ley frente a situaciones críticas
JUCIL afirma que, de aprobarse en los términos en los que se ha anunciado, esta nueva normativa debería denominarse ‘Ley de Odio a la Policía y a la Guardia Civil’
La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) expresa su preocupación y rotundo rechazo a la reciente cesión del Gobierno a EH Bildu, que permitirá la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en ocasiones denominada con el término peyorativo de ‘ley mordaza’. Este acuerdo, alcanzado en plena negociación de los Presupuestos de 2025, incluye cambios que, según JUCIL, ponen en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas.
Agustín Leal, secretario de comunicación de JUCIL, ha sido tajante al respecto: “La nueva ley que se apruebe debería llamarse ‘Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil’. Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta reforma no responde a una demanda social, sino a un interés político por parte del PSOE de obtener el respaldo de Bildu para sacar adelante los Presupuestos”.
Una reforma que expone a los agentes y debilita su autoridad
El acuerdo entre el Gobierno y Bildu incluye la modificación de cuatro puntos clave que, en la pasada legislatura, no pudieron ser reformados por falta de consenso. Entre ellos, la desobediencia y resistencia a la autoridad pasará de ser falta grave a leve, y las faltas de respeto a los agentes deberán ser “objetivables”, eliminando lo que Bildu denomina “discrecionalidad” de los agentes. Además, se prohibirá el uso de pelotas de goma, que serán sustituidas por medios que, según el acuerdo, serán “menos lesivos”.
Agustín Leal ha advertido que “convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves y eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público es desarmar a los guardias civiles y policías. Este tipo de medidas ponen en riesgo la integridad de los agentes y también debilitan la seguridad pública, dejando expuestos a los ciudadanos en momentos críticos”.
Una cesión política que beneficia a quienes apoyaron el terrorismo
JUCIL subraya que esta reforma ha sido impulsada por EH Bildu, un partido que, en el pasado, defendió las posiciones de los terroristas de ETA. Para Leal, “es inadmisible que el Gobierno ceda ante quienes en su día apoyaron la violencia y el terror. Este acuerdo no tiene en cuenta la realidad de los agentes en las calles ni las dificultades que enfrentan diariamente”.
El pacto de reforma incluye la eliminación de las devoluciones en caliente en la frontera, una medida que, según Bildu, responde a la necesidad de respetar los derechos humanos. No obstante, JUCIL insiste en que esta modificación, al igual que las otras propuestas, responde únicamente a los intereses políticos de Bildu y no a las necesidades de los cuerpos de seguridad.
JUCIL se opone a una ley que expone a los agentes al odio y a la violencia
Agustín Leal ha señalado que “esta reforma debilita la autoridad de los agentes y los convierte en objetivos aún más vulnerables de odio y violencia. Estamos ante una ley que, de aprobarse, será una ‘Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil’, diseñada para complacer a un partido que históricamente ha apoyado la violencia contra las fuerzas de seguridad”.
JUCIL se opondrá, por todos los medios a su alcance que otorga que ordenamiento jurídico, a cualquier intento de aprobar una legislación que ponga en peligro la vida y la integridad de los guardias civiles y policías. Además, hará todo lo que esté a su alcance para que se escuche la voz de los agentes y se protejan sus derechos en cualquier foro legislativo o judicial necesario.
